La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), rechazó el reciente anuncio del Ministerio de Hacienda, a través del titular de la cartera Germán Ávila, sobre una posible alza en el precio del diésel.
De acuerdo con esta organización, esta medida es improvisada y carece del consenso necesario, agregando que pone en riesgo la movilidad de millones de colombianos y que afecta al turismo.
Hay que recordar que el ministro de Hacienda señaló durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) que las nuevas tarifas serán para gran parte del parque automotor, sin embargo, del aumento estarán exceptuados los vehículos de carga que recibirán un manejo distinto.
“Está proyectado en los próximos días establecer un decreto en el cual todos los vehículos que no son de transporte de carga, cerca del 28 % del parque automotor que utiliza el diésel, se le va a elevar el valor del combustible hasta el precio internacional”, adelantó el ministro Ávila.
Sobre este tema, Aditt alertó que un aumento en el precio del diésel elevaría considerablemente los costos operativos del transporte intermunicipal, lo que se traduciría en tarifas más altas para los usuarios, una menor conectividad entre regiones y una caída en la actividad turística hacia cientos de destinos.
“Esta situación impactaría directamente a campesinos, comunidades indígenas, estudiantes y a la población de zonas apartadas que depende exclusivamente del transporte terrestre. Los vehículos del sector no son de uso particular, sino que prestan un servicio público regulado, llegando a lugares donde no existen alternativas de movilidad”, socializó este gremio transportador.
En ese sentido, agregaron que el Gobierno debe adoptar una política diferenciada que garantice la sostenibilidad del servicio y evite trasladar los sobrecostos al usuario final.
“Solicitamos la creación de una mesa técnica con la participación del presidente de la República y los ministros de Hacienda y Transporte, con el fin de encontrar soluciones que eviten el colapso del sector y protejan el empleo y la estabilidad de más de 35.000 familias que dependen de esta actividad”, puntualizó Aditt.
