Ecopetrol enfrenta un nuevo frente de presión financiera tras la recepción de tres Requerimientos Especiales Aduaneros (REA) enviados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), mediante los cuales se exige el pago del impuesto al valor agregado (IVA) por las importaciones de gasolina realizadas entre los años 2022 y 2024.
(Le puede interesar: Se crearon más empleos, pero a costa de la informalidad)
La suma inicial que la Dian reclama asciende a 9,4 billones de pesos, distribuidos entre la matriz de la compañía (6,1 billones), la Refinería de Cartagena (1 billón) y una carga por intereses moratorios que suma 2,3 billones. No obstante, el monto total podría aumentar significativamente si se extiende el mismo criterio a la compra de diésel (ACPM), alcanzando una cifra cercana a los 22 billones de pesos.
Este requerimiento fue compartido de manera confidencial con la junta directiva de Ecopetrol hace más de un mes, según reveló el periódico ‘El Tiempo’ este lunes. En esa sesión, el presidente de la empresa, Ricardo Roa Barragán, explicó que el caso venía siendo analizado con el equipo jurídico y que se había solicitado orientación al Ministerio de Hacienda ante las posibles implicaciones fiscales.
(Vea aquí: CAF otorgó USD127 millones al Banco de Occidente para financiar a sectores productivos en Colombia)
La medida, que se originó a partir de un concepto jurídico elaborado desde la anterior administración de la Dian, encabezada por Luis Carlos Reyes, exige que el pago se realice de forma retroactiva.
Desde el sindicato Unión Sindical Obrera (USO), que agrupa a trabajadores del sector petrolero, se emitió un comunicado en el que se califica esta decisión como un riesgo para la viabilidad operativa de la compañía estatal.
(Lea también: PepsiCo Colombia, productor de ‘De Todito’, rechaza comercialización ilegal de alimentos de la compañía en EE. UU.)
“La Dian pretende estrangular a Ecopetrol y poner en riesgo su estabilidad financiera”, advierte el pronunciamiento de la USO, que considera que esta medida constituye en la práctica una reforma tributaria, sin aprobación del Congreso. Según el sindicato, esta interpretación del Estatuto Tributario obliga a la empresa a asumir pagos que no estaban previstos, afectando gravemente su flujo de caja.
La organización sindical ha advertido que, de concretarse este cobro, Ecopetrol se verá obligada a suspender inversiones en actividades clave como la exploración y la producción, además de adoptar recortes presupuestales que podrían impactar la operación general.
(Le sugerimos: Presidente Petro buscará que Ecopetrol compre a Monómeros)
Aunque la compañía aún no ha emitido una postura oficial, en sectores del Gobierno se considera que este ingreso adicional permitiría aliviar las presiones fiscales derivadas de la caída del recaudo tributario. Por su parte, desde la empresa estatal se evalúan las implicaciones legales del concepto, al tiempo que se adelantan gestiones para aclarar el alcance del mismo.
La USO ha solicitado a la Dian que reconsidere la medida, argumentando que, de mantenerse, se estaría vulnerando el principio de legalidad tributaria al aplicar una interpretación sin el respaldo legislativo correspondiente. A su vez, reiteran que el Congreso es el único órgano facultado por la Constitución para definir impuestos, sus tarifas y su base gravable.
(También: Fedesarrollo dice que la consulta popular afectará a microestablecimientos)
La Dirección de Impuestos, hasta el momento, no ha emitido declaraciones públicas sobre los requerimientos ni sobre el cálculo exacto del monto que se espera recaudar. Se prevé que Ecopetrol se pronuncie oficialmente en los próximos días, luego de concluir su revisión interna.
