Desde este jueves entrará en vigor de manera formal el bloqueo de la exportación de carbón colombiano a Israel por el manejo de política exterior que el Gobierno ha decidido adoptar frente a ese país. Frente a este tema, los gremios del sector minero no han parado de realizar innumerables advertencias sobre los impactos que la medida tendrá sobre la economía colombiana, asegurando que esta es altamente inconveniente, iniciando en materia económica y comercial.
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De acuerdo con Carlos Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), este decreto lo considera como una medida arbitraria, ilegal e inconstitucional, que atenta contra la libertad de empresa y que pone en riesgo la estabilidad política y económica de Colombia.
Cante señaló que esto traerá graves perjuicios para Colombia, y en particular para las regiones productoras de carbón térmico con destino a Israel (La Guajira y el Cesar). “Esta es una medida comercial que atenta contra los intereses de la industria nacional, generando graves afectaciones e incertidumbre para el sector carbonífero, su cadena productiva y las zonas de influencia”.
En ese sentido, agregó que con este decreto, Colombia dejará de percibir divisas en cerca de USD470 millones promedio al año, violando además la libertad empresarial de un sector económico en particular, y la confianza legítima.
“La industria del carbón lleva más de tres décadas abriendo un espacio comercial con Israel gracias a la reconocida calidad de los carbones colombianos. En 1990 exportábamos sólo 600 mil toneladas, y actualmente son más de 3 millones de toneladas, representando más del 50 % de las importaciones de carbón de ese país para generación eléctrica. Si Colombia auto restringe las exportaciones es un perjuicio solo para nosotros porque ese volumen lo cubrirían fácilmente Australia o Indonesia”, agregó Carlos Cante.
El dirigente gremial recordó que el mundo demandó en 2023 cerca de 8.500 millones de toneladas de carbones y 1.070 millones de toneladas se movieron por el comercio internacional.
Ante esta decisión del Gobierno nacional, la diputada del Cesar, Claudia Margarita Zuleta, ha referido, que esta es una medida que resulta contradictoria y paradójica cuando el país enfrenta serias dificultades en materia fiscal, cuando se ha disminuido el recaudo y se ha aumentado el gasto del Estado.
“Con esta prohibición se desprecian más de $650 mil millones que podrían ingresar al país por impuestos, tasas u otras contribuciones, de esos más de 100 mil millones de pesos corresponderían de manera directa a los departamentos del Cesar y La Guajira, que son pobres y necesitan esos recursos a la inversión social y dinamicen la economía local generando empleo y oportunidades para la gente”.
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De igual manera, el senador cesarense Didier Lobo Chinchilla, señaló que es una medida preocupante, al mismo tiempo que indicó que están de acuerdo que la descarbonización debe hacerse de manera gradual.
“Entendemos que se deben tomar medidas para proteger el medio ambiente, pero no es la manera. Aquí lo que queda claro es que este es un gobierno antiminero que no le gusta el extractivismo y lo entendemos, pero está perjudicando la economía del departamento del Cesar. $100 mil millones deja de recibir el Cesar por este decreto que ha sacado el Gobierno nacional”, dijo el senador.
El ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo sostuvo que esta decisión es totalmente equivocada, y que hace falta mucho pragmatismo en las decisiones de política pública.
“¿Quien responde por los USD1.000 millones que pierden nuestros empresarios? Quien responde por sus empleos y su recaudo tributario? Cuán fácil es tomar decisiones desde las oficinas y poner en riesgo la economía”, dijo Restrepo.
