El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó este martes, 14 de mayo, el informe anual sobre conflictos socioambientales en el sector minero-energético en el país, destacando un preocupante aumento del 46% en comparación con el año anterior.
Según el reporte, la Defensoría registró un total de 130 eventos en el 2023, en contraste con los 89 eventos contabilizados en el 2022. Estas cifras revelan un incremento significativo en la conflictividad social en áreas relacionadas con hidrocarburos, minería y energía eléctrica en todo el territorio nacional.
Las demandas de los manifestantes abarcaron una amplia gama de temas, desde derechos laborales hasta la contratación de mano de obra local, bienes y servicios. Además, los conflictos ambientales, la regulación y el control de actividades mineras, entre otros aspectos, también fueron motivos de disputa.
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Ahorqa bien, el informe también destaca casos específicos en distintas regiones del país, como el impacto ambiental de la explotación de hidrocarburos en el Magdalena Medio, las inconformidades por la explotación aurífera y de cobre en el Chocó, y las preocupaciones de las comunidades indígenas en La Guajira respecto a los proyectos de parques eólicos y solares.
El Defensor del Pueblo enfatizó la importancia de abordar estos conflictos de manera preventiva y transformadora, promoviendo el diálogo y la concertación entre las partes involucradas. Reconoció que si bien el sector minero-energético es vital para el desarrollo económico del país, también es necesario garantizar los derechos de las comunidades y los trabajadores.
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“En el escenario del cambio climático y la transición energética, es prioritario analizar el panorama nacional y local de la conflictividad social minero-energética, con el objetivo de prevenir el escalamiento de los conflictos y garantizar los derechos colectivos y ambientales, los derechos de los sujetos de especial protección constitucional y comunidades vulnerables, además los de los habitantes de distintos territorios”, señaló el funcionario.
Y agregó: “Hago un llamado para que las autoridades nacionales y regionales fortalezcan las actividades de monitoreo y seguimiento a la conflictividad social en el sector, con el fin de que todas las partes en los conflictos sean identificadas, escuchadas, que siempre sea el diálogo el mecanismo para la gestión y transformación de los conflictos”.
Durante el periodo de enero del 2022 a febrero del 2024, la Defensoría del Pueblo participó en 80 espacios de diálogo social en 37 municipios de 15 departamentos y en el Distrito Capital. Estos esfuerzos mediadores contribuyeron a la construcción de acuerdos entre las partes en conflicto, buscando soluciones a las protestas y movilizaciones sociales.
El informe concluye con recomendaciones dirigidas a instituciones públicas, organismos de control, academia, comunidades y organizaciones sociales, con el objetivo de prevenir el escalamiento de la conflictividad social y avanzar hacia una transición energética con justicia social y ambiental.
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El Defensor del Pueblo reafirmó su compromiso de dar seguimiento a estas recomendaciones, invitando a la Procuraduría General a apoyar y acompañar esta tarea para garantizar su cumplimiento. “Haremos el debido seguimiento a las recomendaciones formuladas, con la finalidad de evaluar su cumplimiento, para lo cual invitaré a la Procuraduría General a apoyar y acompañar esta tarea”, concluyó.
