Al día siguiente de este nuevo ataque sicarial, el comandante de la Policía de Córdoba, coronel Jairo Baquero Puentes, indicó en rueda de prensa que las hipótesis apuntan a que los autores materiales fueron hombres del ‘Clan del Golfo’.

“Se tienen unos primeros indicios, por eso la necesidad a través de la Gobernación de ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con los autores de este hecho”.

Para el caso del departamento de Córdoba, la Policial Nacional tiene un reporte de 243 líderes amenazados con esquemas de seguridad  y otras personas más que cuentan con dispositivos especiales por riesgo a su integridad en Córdoba.

Hasta el momento las autoridades desconocen las razones del homicidio, pues no tenía amenazas de muerte y aparentemente ningún tipo de proceso judicial por reclamación de tierras.

Betancourt Ortega, acribillado a las 4:45 de la tarde del  pasado lunes 13 de enero, era conocido en su población por las permanentes jornadas de recreación y el deporte entre la comunidad. Era su pasión.

 Desde el 2018, la Defensoría del Pueblo había lanzado advertencias mediante alertas tempranas sobre la ola de violencia en el sur de Córdoba.

Allí, las autoridades reconocen el accionar de bandas criminales como el ‘Clan del Golfo’, ‘los Caparros’ y disidencias del frente 18 de las Farc, que han tenido roces con los pueblos indígenas pertenecientes a la etnias indígenas embera katío y zenú, en la zona sur de Córdoba.

Para la Defensoría del Pueblo, la pugna por el control territorial y social en esta zona estratégica para obtener el dominio de economías ilícitas, producto de la desmovilización de las Farc, siguen poniendo en riesgo la vida, integridad y seguridad de las comunidades. Aquí incluye líderes sociales, lideresas, dirigentes, representantes, activistas, defensores y defensoras de Derechos Humanos.

 Durante el 2017 y 2018, grupos armados organizados han reconfigurado situaciones violentas en sus disputas territoriales que han implicado el incremento de la vulnerabilidad de las comunidades allí residentes.

Intimidaciones, riesgos de reclutamientos forzados, entre otras violaciones a los derechos humanos contra la población civil son atribuidos en dichos informes a los grupos armados como el ‘Clan del Golfo’, ‘los Caparros’ y las disidencias del frente 18 de las Farc, afectando especialmente a poblaciones campesinas, afro, Lgbti y miembros de las etnias indígenas embera katío y zenú, tal como ocurrió con Jorge Betancourt, quien era descendiente de estas culturas.

 Las alertas enfocan su atención en las poblaciones de Tierralta, en la subregión del Alto Sinú, y las poblaciones de Montelíbano y Puerto Libertador, en la subregión del San Jorge, en el sur del departamento.

 Las poblaciones campesinas han informado a los defensores del pueblo que en la zona están haciendo presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), enfrentadas a estructuras armadas compuestas por exmiembros de las FARC-EP declarados en disidencia, que han empezado a presentarse a los campesinos por mensajes de voz, mensajes escritos y también de manera personal a nombre del Nuevo frente 18 – Román Ruíz - Cacique Coyará, un grupo emergente a raíz de la dejación de las armas por parte de las Farc.

Lo que se disputan

Las autoridades indican que el nuevo ciclo de hostilidades por el control territorial entre las AGC comprende la disputa de los corredores de movilidad entre las cuencas de los ríos Esmeralda y Tigre en Tierralta y San Jorge en Puerto Libertador.

En la alerta 083 18 emitida por la Defensoría del Pueblo, se explica que “los excombatientes de las FARC pretenden la recuperación de sus antiguos territorios de movilidad, lo que afecta los derechos de la población asentada allí, especialmente al interior de las comunidades indígenas del resguardo embera katío del Alto Sinú, donde hay casos de convivencia forzada con miembros de las AGC en sus viviendas.

Lo anterior, pone en riesgo a las familias indígenas en las operaciones de registro y control que adelante la fuerza pública, al ser sindicadas de pertenecer a dichas estructuras armadas.

Estos grupos hacen presencia estratégica en las cuencas altas de los ríos Sinú, Verde, Esmeralda, Manso, Tigre y San Jorge, entramados hídricos que comunican entre sí a los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, entre otras poblaciones.

¿Por qué la disputa por estos territorios?, porque su aislamiento geográfico los hace atractivas para las Bacrim,  a lo que se suman la carencia e informalidad en la tenencia de la tierra; la afectación a ecosistemas protegidos y conflictos con la autoridad ambiental que chocan con el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de amplios sectores históricamente habitados dentro de la zona del Parque Nacional Nudo del Paramillo.

“En el sur de Córdoba también se registran conflictos por el cambio en el uso del suelo, al priorizar el modelo de desarrollo minero energético, a costa de la economía campesina, generando alta concentración, distorsiones en el mercado de tierras e inseguridad alimentaria de la población campesina e indígena”, sostiene en su informe la Defensoría del Pueblo.

Considera, además, que los aterrizajes de helicópteros dentro de los poblados y sobre áreas de cultivo generan terror entre los indígenas, que tienen muy presente el antecedente de enfrentamientos con afectación de la población civil ocurrido el 19 de noviembre de 2017 en la comunidad de karakaradó.

Este accionar ocasionó el desplazamiento masivo de 217 hogares de las comunidades karakaradó, junkaradó, kachichí y widó, en zona rural de Tierralta.

Extorsión al comercio

 Si bien en las zonas rurales han tenido que implementar refuerzos, en los cascos urbanos las autoridades han tenido que implementar  acciones en contra  de la extorsión al comercio y los ataques con granada, como los ocurridos en Montelíbano y La Apartada, a inicios del pasado mes de diciembre, cuando dos artefactos explosivos estallaron en las fachadas de centros comerciales, dejando alrededor de nueve heridos y una persona muerta.

Voceros del Gaula militar informaron que en Córdoba, al igual que en otros 15 departamentos, entre ellos Atlántico, La Guajira, Magdalena y Sucre, en la Región Caribe se comenzaron a implementar diferentes actividades de prevención contra el secuestro y la extorsión.