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Clan del Golfo y Caparros, la guerra que deja 168 muertos en Córdoba

Las capturas de cabecillas de bandas criminales ha recrudecido la ola de homicidios. Las autoridades las relacionan con retaliaciones de los grupos al margen de la ley.

Córdoba

Las capturas de cabecillas de bandas criminales ha recrudecido la ola de homicidios. Las autoridades las relacionan con retaliaciones de los grupos al margen de la ley.

Los diez hombres armados de la banda criminal Los Caparros que la noche del 23 de mayo se tomaron por varias horas el corregimiento Brazo Izquierdo, en el municipio de San José de Uré, sacaron a la fuerza de sus casas a las familias para ponerlas tendidas boca abajo sin dejarles de apuntar a la cabeza con sus fusiles.

“No les importaron que había niños y ancianos, nos insultaban, nos amenazaban con matarnos”, narraron los pobladores a la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor.

Durante esas horas de terror, Los Caparros, vestidos con prendas de uso militar, asesinaron inicialmente a Jader Polo y Jader Pertuz, dos beneficiarios del Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, Pnis, 

Los testigos revelaron que la banda congregó a decenas de pobladores en una zona comunal y luego, ante la mirada de todos, asesinaron a los dos campesinos, ambos de 24 años.

Luego del doble crimen, la banda criminal (disidentes del Clan del Golfo) subió hacia el caserío Batatalito, para asesinar en similares circunstancias a Luis Velásquez, también miembro del Pnis.

Para la Ascsucor, esta incursión armada que terminó la madrugada del 23 de mayo, se habría perpetrado contra la población civil en represalia al ingreso de la fuerza pública a la zona.

Las tres víctimas hacen parte de las 168 muertes registradas hasta agosto de este año (22 más que en igual periodo del año pasado) en el sur de Córdoba por la disputa que libran grupos al margen de la ley por el control de los cultivos ilícitos: el ‘Clan del Golfo’ y ‘los Caparros’ que operan con el apoyo de las disidencias del frente 18 de las Farc.

Esta ‘guerra’ entre bandas criminales que se libra en medio de la campaña política para la jornada electoral del próximo 27 de octubre, ha dejado campesinos decapitados, propiedades incineradas, asesinatos selectivos y atentados con artefactos explosivos, que desencasdenó en nuevos desplazamientos como el de Brazo Izquierdo.

Según el observatorio de dinámicas del conflicto armado, Córdoba es el departamento de la region Caribe que registra un mayor número de líderes sociales asesinados con 35, seguido de Bolívar (16), Magdalena (13), Sucre (10) y La Guajira (5).

Disputa territorial

Para José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba,  sostienen que el despojo de la tierra no solo busca la explotación mediante la siembra de hoja de coca, sino que se advierte un inusitado interés por la expedición de títulos mineros precisamente en las poblaciones del sur de Córdoba, las más afectadas por el recrudecimiento de los hechos violentos.

En medio de esta disputa por las rentas se han registrado atentados con artefactos explosivos como el que ocurrió el 20 de agosto pasado contra un almacén de motos en Montelíbano.

Para el representante cordobés Andrés Calle, las bandas criminales les habían advertido a los propietarios del establecimiento que abandonaran la población, lo que fue negado por el comandante de la Policía, coronel Jairo Baquero.

Según las denuncias interpuestas por la congresista Victoria Sandino, se trata de intereses para una nueva forma de explotación de los minerales en los territorios que habitan los campesinos.

“En esos territorios confluyen muchos intereses por eso le digo que no solo es el tema del narcotráfico y de los paramilitares que de alguna manera pujaran para que la gente no salga del negocio y por el contrario tenga que seguir cultivando coca”, explica Sandino como una manera de comprender el asesinato de más de 15 miembros del Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, Pnis, en Córdoba.

 Plantea además cierta complicidad o “acuerdos” de las multinacionales con las administraciones territoriales y departamentales que están promoviendo los despojos con estas comunidades para la explotación minera y la entrega de las respectivas licencias.

Estas muertes -añade. macabras propician el desplazamiento de los campesinos, cuyas tierras al no estar escrituradas, pasan a manos de terceros que luego ceden ante las propuestas de explotación minera en la zona.

“En el sur de Córdoba, muchos de estos campesinos no tienen una escrita pública de sus parcelas. En sus fincas han trabajado con toda su familia, pero no ha tenido manera de legalizar sus territorios ancestrales. Estamos hablando de unas 7 millones de hectáreas de tierra en las que prefieren desplazar y despojar a la gente de esos territorios antes que legalizarlos”, sostuvo.

Los municipios más afectados por la explotación de minerales son Montelíbano, Ayapel y Puerto Libertador, poblaciones a las que en los últimos años se les cambió la vocación agrícola por la explotación minero energético.

Golpes a estructuras

Las autoridades sostienen que las recientes captura de alias ‘Galindo’, presunto cabecilla de ‘los Caparros’ en el Bajo Cauca y sur de Córdoba, y de Edwin Ruiz Tafur, alias ‘Repollo’, del ‘Clan del Golfo’; provocaron la reacción de los miembros de ambos grupos al margen de la ley, por lo que han procedido a realizar hechos violentos que alteran el orden público.

Para Baquero han sido  fuertes golpes a las estructuras criminales. “Capturar al segundo cabecilla de ‘los Caparros’, en Tarazá, Antioquia, y al líder del sicarios en el sur de Córdoba implica un trabajo de inteligencia muy articulado y de Policía Judicial, pues en esa zona existe la confluencia de los dos departamentos, que padecen el mismo del narcotráfico, extorsión y rentas criminales”.

Tras las capturas, otros dos asesinatos volvieron a sacudir a los pobladores de San José de Uré: Arnulfo Romero y Ever Tuberquia murieron durante un ataque de dos hombres armados en el interior de un estadero.

El 26 de junio en zona rural de esta localidad, el líder indígena Manuel González Ozuna fue decapitado por tres hombres que llegaron a su casa. Los  sicarios le prendieron fuego a la vivienda de González.

Otro golpe certero al Clan del Golfo, el más importante contra esta bacrim como lo anunció el presidente Duque fue la captura de su jefe de finanzas Carlos Úsuga David, quien fue sorprendido el jueves pasado cuando se encontraba en el interior de un centro comercial del norte de Montería. El detenido es hermano de Dairo Úsuga David, alias ‘Otoniel’, máximo cabecilla de este grupo armado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la tarea de las autoridades se centra más ahora en acciones de inteligencia para desarticular organizaciones criminales cuyo objetivo es capturar a los cabecillas financieros y a los jefes de sicarios, líderes de las bandas de ‘Clan del Golfo y de ‘los Caparros’.

Cambio en la estrategia

A pesar del incremento en el pie de fuerza por parte de la Policía y el Ejército, son pocos los enfrentamientos que las autoridades han podido sostener con los grupos al margen de la ley, teniendo en cuenta que en muchas zonas del sur de Córdoba la estrategia de guerra ha cambiado.

“Ya no invierten en el desplazamiento de grandes grupos de hombres acantonados en las zonas rurales, ahora se trata de grupos de dos o cuatro sujetos, con armas cortas, un radio y a bordo de una moto”, explica el comandante de la Policía de Córdoba.

Las autoridades sostienen que de esta manera los grupos al margen de la ley se pueden mimetizar entre la población civil sin ser percibidos a simple vista por las autoridades que vigilan las calles.

Los integrantes de las bacrim visten ahora en ropa de civil, se desplazan en moto con un radio o un celular. Por eso en municipios como Montelíbano y San José de Uré se restringió la circulación de motocicletas con parrilleros.

Señalar a autores

El 23 de agosto, el Juzgado Promiscuo de Montelíbano condenó a 21 años de cárcel en contra de Serafín Andrés Rúa, alias ‘el Paisa’, señalado de haber asesinado a líder social Luis Arturo Royet Franco, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Isabel, en zona rural del municipio de San José de Uré.

El ‘Paisa’ sería el cabecilla de la banda criminal ‘los Caparros’, a la que se le atribuyen al menos tres incursiones armadas en Uré.

“Aún hay un manto de impunidad que cubre los asesinatos los líderes en Córdoba, pues de 32 que han sido asesinados solo tres casos tienen capturas con procesos judiciales y las condenas”, aseguró el defensor de los derechos humanos, Andrés Chica Durango.

Precisamente, el 12 de agosto pasado, un exmiembro del Bloque Catatumbo de los paramilitares identificado por las autoridades como  Juan Payáres López, ‘Brazo de Mica’, fue capturado en Montería. Está señalado del asesinato de la líder María del Pilar Hurtado ocurrido el 21 de junio frente a sus hijos. 

Los móviles estarían relacionados por disputa de tierras.

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