La EPS Familiar Colombia y la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) DG-IPS serán inspeccionadas por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).
La orden para ello fue dada por la Procuraduría General de la Nación al conocer denuncias de la etnia indígena Zenú asentada en el departamento de Córdoba que dan cuenta sobre de afiliaciones, traslados y gestiones a esta comunidad sin el consentimiento previo, libre e informado de sus autoridades tradicionales.
En criterio de la Procuraduría, con estas actuaciones las EPS antes mencionadas estarían violando el principio de autonomía y el Decreto 1953 de 2014, que regula el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPl).
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No solo habrá inspección por parte de la Supersalud sin que los resultados que se deriven de esta deben ser compulsados a la Fiscalía General de la Nación para que investigues la presunta violación a los derechos fundamentales colectivos, la ley de origen indígena y la legalidad administrativa, “que podrían incluir posibles delitos contra la administración pública, fraude a subvenciones o afectación al erario”, anotó la Procuraduría en un comunicado de prensa que emitió al mediodía de este domingo 16 de noviembre.
