Un total de 40 años y un mes de prisión fue la condena que recibió el exsecretario de Educación de Lorica, Alberto Ávila Sánchez, vinculado en el denominado ‘carrusel de la educación’ en Córdoba.
El exfuncionario fue judicializado por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación y además se le impuso una multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Este martes 1 de junio el Fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que el exsecretario de Educación, entre 2010 y 2012, expidió 122 resoluciones de ajuste pensional y jubilación que no procedían y eran contrarias a la ley.
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Durante la investigación se pudo evidenciar que un grupo de docentes, con los documentos firmados por Ávila Sánchez y certificaciones falsas, acudió ante diferentes jueces en Córdoba que fallaron a su favor y les reconocieron el pago de pensiones, cuando en realidad no cumplían los requisitos, lo que permitió obtener de manera ilegal 39.000 millones de pesos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Ministerio de Educación Nacional y a la Fiduprevisora S.A.
Hasta la fecha por estos mismos hechos han sido vinculadas 22 personas.
