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Un grupo de jóvenes durante una manifestación en rechazo al homicidio
Archivo- Cortesía
Colombia

Seis líderes y cuatro ex-Farc asesinados en 14 días del 2021

Organizaciones nacionales e internacionales han mostrado su preocupación por el incremento de los hechos de violencia en el país.

Las armas siguen siendo accionadas en contra de los líderes y excombatientes sin que haya a la vista un cese de esas actividades criminales, lo que deja en evidencia que la violencia en Colombia durante los primeros días del año no ha tenido tregua.

Cuatro excombatientes de las Farc asesinados, el homicidio de seis líderes sociales o defensores de derechos humanos y tres masacres con nueve víctimas  son el resultado que la violencia ha dejado en el país durante los primeros 14 días de este 2021.

El último líder asesinado fue Gonzalo Cardona Molina, coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos y guardián del loro orejiamarillo, en Roncesvalles, Tolima. El hombre se convirtió en el primer líder ambientalista que muere a causa de la violencia en el marco del conflicto este año. El caso se registró el pasado lunes en inmediaciones de la vereda La Unión, municipio de Tuluá.

Frente a este caso, ProAves Colombia manifestó a través de un comunicado que durante el pasado mes de diciembre Gonzalo alcanzó a realizar “el último censo nacional del loro orejiamarillo y la cotorra coroniazul, su libreta arrojaba un número aún impresionante para él mismo: 2.895 loros en Roncesvalles”.

La organización ambiental señaló que se desconoce la forma en que fue atacado Cardona Molina, así como los perpetradores del homicidio, por lo que exigen a las autoridades celeridad en el caso del líder.

Al caso de Cardona Molina se le suma el homicidio de  Gerardo León, un sindicalista asesinado el primero de enero de este año en Puerto Gaitán, Meta. Ese mismo día, en Yopal (Casanare), se registró el homicidio del líder sindical  Diego Betancourt Higuera.

Al día siguiente, es decir, el 2 de enero, Ricardo Cortés Rozo, un líder cívico, fue asesinado en Bogotá. Cinco días después (7 de enero) se registró el crimen contra el campesino Edwin Indaburo, en Nechí, Antioquia; posteriormente, el 10 de enero se reportó el homicidio del campesino Alfredo García en Ituango, en Antioquia.

Entre tanto, en los primeros 14 días del año han sido asesinados cuatro exguerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las Farc.

Giovany Claro García, un excombatente, fue asesinado el 11 de enero en Convención (Norte de Santander). Cuatro días antes (7 de enero), el partido de la Farc denunció el homicidio del firmante Diego Yule Rivera, un crimen ocurrido en Cali (Valle del Cauca).

Gonzalo Cardona Molina, ambientalista asesinado.

Una alerta

Los crímenes llegan en medio del pronunciamiento que recién hizo el secretario general de la ONU, Antonio Gutierres, en el marco del informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, y en el que advirtió que la prioridad para 2021, en materia de implementación de la paz, es asegurar la protección de excombatientes, de la comunidad afectada por el conflicto y de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Durante el período que abarca el informe, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre 42 homicidios de líderes sociales y defensores(as) de derechos humanos (1 documentado y 41 en proceso de verificación), y 13 masacres (con 10 más bajo verificación).

Por ello insta la ONU a todos los actores a responder de manera oportuna y efectiva a los riesgos identificados en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo e invita una vez más a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a cumplir con su mandato, según el Acuerdo de Paz, de finalizar una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que son los principales responsables de esta violencia.

La ONU en su informe señaló que para evitar los crímenes de más excombatientes es necesario asegurar más personal para la unidad de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección.

También, recientemente, el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, urgió “una respuesta eficaz por parte del Estado de Colombia” ante el aumento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Una proyección

En un reciente informe publicado por este medio, Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz  (CesPaz) y defensor de Derechos Humanos, afirmó que son muchos los retos que debe enfrentar la paz para este 2021.

“Como primer reto estaría crear y poner en práctica una estrategia de seguridad por parte del Gobierno nacional. El gabinete de seguridad y defensa debe ser reemplazado… claramente la estrategia que ha sido implementada fue un fracaso”, dijo Rosanía.

Al tratarse de un año preelectoral el analista proyectó que las cifras de la violencia en el país podrían aumentar, pues “históricamente en los años que anteceden a las elecciones aumenta la violencia para líderes y lideresas, por lo que el gran reto es garantizar la seguridad para estas personas”.

Habla la defensoría

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, rechazó el asesinato del líder ambientalista Gonzalo Cardona Molina y pidió a las autoridades que se esclarezca el crimen y solicita mayores medidas de protección para los líderes sociales.

“En el país no pueden ocurrir más muertes de líderes o defensores de derechos humanos, ellos deben tener garantía para poder ejercer la labor que realizan”, resaltó el defensor a través de la cuenta de Twitter de la entidad.

El organismo había emitido en la alerta temprana 046 de octubre de 2020, que hacía énfasis en los riesgos de la población civil, por presencia de grupos armados ilegales en el área rural de media y alta montaña de Tuluá.

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