ONU, preocupada por asesinato de excombatientes en Colombia

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el marco del informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, advirtió que la prioridad para 2021 en materia de implementación de la paz es asegurar la protección de excombatientes, de la comunidad afectada por el conflicto y de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Al hacer un recuento de los logros del Acuerdo Final de Paz tras cuatro años de implementación, la cabeza del ente multilateral reconoce “la reducción en los niveles de violencia, la ampliación de la democracia, los avances en la justicia transicional, los logros del proceso de reincorporación de excombatientes y la puesta en marcha de los programas de desarrollo con enfoque territorial (Pdet) como algunos de los resultados principales de la implementación”.

Por ello, el secretario general recomienda “como primera prioridad para el 2021 asegurar la protección y seguridad de excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto y líderes sociales y los defensores(as) de los derechos humanos”.

El informe indica en este sentido que, desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado 248 asesinatos de excombatientes (incluidas seis mujeres), 21 de ellos durante este período y 73 durante 2020.

“La situación de seguridad de los(as) excombatientes en la zona fronteriza entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare es de especial preocupación para el secretario general, quien señala que los grupos disidentes de las Farc-EP han aprovechado la limitada presencia del Estado para ampliar su ámbito de actuación en los últimos meses y están amenazando y atacando a excombatientes, cooptando sus proyectos económicos, y saboteando sus iniciativas políticas y sociales”, se lee.

Agrega que a pesar de que el Gobierno informó a la JEP en noviembre pasado que asignó aproximadamente $13.500 millones a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en septiembre, en cumplimiento de la orden del tribunal de paz de cubrir las vacantes de escoltas y analistas, hasta la fecha no se ha contratado a ningún escolta y solo a 27 analistas.

“Desde la firma del Acuerdo, 25 excombatientes (todos hombres) han sido asesinados mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección, y todavía hay más de mil solicitudes de protección pendientes de evaluación e implementación”, señala el reporte.

Violencia

Pone de presente Guterres que los y las excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (Etcr) sufren de mayores niveles de violencia, y que el 35% de los asesinatos de excombatientes en 2020 se ha producido en nuevas áreas de reincorporación o en sus inmediaciones.

Así mismo, durante el período que abarca el informe, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre 42 homicidios de líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos (1 documentado y 41 en proceso de verificación), y 13 masacres (con 10 más bajo verificación).

Por ello insta la ONU a todos los actores a responder de manera oportuna y efectiva a los riesgos identificados en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo e invita una vez más a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a cumplir con su mandato según el Acuerdo de Paz de finalizar una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que son los principales responsables de esta violencia.

Y subraya que “la presencia integral del Estado sigue siendo una condición necesaria para una paz duradera y para el desarrollo sostenible, por lo que consolidar la presencia integral del Estado en las zonas afectadas por el conflicto es otra prioridad que propone para el 2021”.

Tres mecanismos creados por el Acuerdo de Paz, añade, se elaboraron para cerrar la brecha en presencia del Estado entre zonas urbanas y rurales: los Pdet, para llevar infraestructura y servicios a las comunidades más afectadas por el conflicto; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, para mejorar la seguridad de las comunidades que siguen viéndose golpeadas por la violencia; y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), para dar a las familias alternativas viables para que abandonen las economías ilícitas.

Finalmente, frente  a la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, el secretario general de la ONU advirtió que “es más importante que nunca que todas las personas involucradas en el conflicto reconozcan sus responsabilidades, que todas las instituciones cooperen plenamente con los tres componentes del Sistema, y que la sociedad colombiana brinde su pleno apoyo al Sistema para que pueda continuar contribuyendo a la reconciliación”.

Y resalta el informe, que será presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 21 de enero, que la JEP se haya comprometido con que a mediados de 2021 emitirá sus primeras sanciones definiendo responsabilidades de personas por delitos cometidos durante el conflicto dentro de algunos de sus macrocasos.