Recursos del Impuesto Solidario deben descentralizarse

El Impuesto Solidario, que se les impone por decreto durante tres meses a los sueldos más altos del Estado – a excepción de los funcionarios del sector salud que estén combatiendo la COVID-19, para respaldar a la clase media vulnerable y a los trabajadores informales durante la cuarentena por el coronavirus recaudaría un estimado de $240 mil millones.

Según el decreto de la emergencia, el 42,4% de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y el 56,4% no son asalariados. Además, el país cuenta con 1.198.834 servidores públicos discriminados así: Rama Ejecutiva del orden nacional: 411.986 uniformados; 326.952 docentes y 138.610 servidores; orden territorial: 222.160 servidores; Rama Judicial: 60.801 servidores; entes autónomos: 20.644 servidores; órganos de control: 11.880 servidores; organización electoral: 3.553 servidores; Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: 1.395 servidores; y Rama Legislativa: 854 servidores.

Y tiene el Estado, a la fecha, 231.935 contratistas, incluyendo contratación directa y régimen especial.

El tributo lo recaudará la Dian, irá al recién creado FOME –que tiene como objeto atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento– y será administrado por el Ministerio de Hacienda, que aún no anuncia el mecanismo de distribución de los recursos.

No obstante, en medio de la construcción de la propuesta, algunos sectores plantearon que lo que se recaudara por ejemplo en Bogotá, se destinara para el ente territorial capitalino.

EL HERALDO habló con parlamentarios de distintas orillas de la Bancada Caribe para conocer sus consideraciones al respecto.

"Esa fue una propuesta del Partido Conservador, porque los congresistas queríamos hacer algún tipo de colaboración pero se pensó que debía ser para todos los servidores públicos", indicó el senador barranquillero Efraín Cepeda, de las huestes azules.

Frente a la propuesta de recaudar por entidad territorial, el parlamentario advirtió que "a eso nos opusimos porque en Bogotá es donde está la mayoría de funcionarios públicos", y agregó: "Debe haber una regionalización importante y con énfasis en dónde más necesidades básicas insatisfechas tenemos, porque por ejemplo mientras la informalidad en Colombia está en el 50%, hay departamentos caribes sobre el 75%".

Para el representante atlanticense César Lorduy, de Cambio Radical, es necesario “recomendar que los recursos que se obtengan con este aporte solidario atiendan las necesidades de la clase media vulnerable y las de los trabajadores informales”.

Sin embargo, llama la atención el legislador que la distribución debe ser “en igualdad de condiciones para todas las regiones, y no necesariamente en función de la ciudad o región que tenga más servidores públicos, personas naturales vinculadas a través de contrato de prestación de servicios por parte del Estado o pensionados, porque si se llegase a aplicar de esa manera, de nuevo Bogotá se llevaría la mejor parte”.

A su vez, su coterráneo Mauricio Gómez, del Partido Liberal, apunto: "Como senador desde el primer minuto respaldé la iniciativa que anunciaba el impuesto solidario para los funcionarios y contratistas del sector público que devengaran salarios altos y de esta manera poder contribuir con recursos a la atención de la crisis de salud pública que acontece al país".

Señaló que hay muchas necesidades en varios sectores de la economía y dijo estar de acuerdo en que la destinación de estos recursos sea para aquellos que hoy en día necesitan de un mayor auxilio económico: "En Colombia casi la mitad de la población labora de manera independiente, por ende es importante apoyar medidas que busquen subsanar el impacto que ha tenido esta crisis".

Por su parte, el representante cordobés Erasmo Zuleta, de La U, llamó al sector privado a unirse a la contribución: "En estos momentos de crisis es cuando más estamos llamados a ser solidarios con quienes más lo necesitan. Y es importante estimular a que el sector privado se sume a esta iniciativa y ponga un poco para apaciguar el impacto".

Así mismo, puso de presente que no puede haber centralismo en la atención de asuntos como la informalidad y la dotación en salud: "No podemos retroceder como país al centralismo. Tenemos que fortalecer la red hospitalaria y garantizar la seguridad alimentaria, hay que permitir que alcaldes y gobernadores, que conocen sus territorios, manejen estos recursos con las destinaciones específicas que se le han dado. En Bogotá, Medellín y las grandes capitales están el mayor número de empleados públicos, concentran el 51% de las camas UCI".

Por su parte, el senador atlanticense Carlos Meisel, del Centro Democrático, alertó sobre la situación para el comercio: "Estoy muy preocupado con el sector del comercio. Eso es gran parte de la clase media de este país, el que atiende un mostrador, el que tiene un restaurante de almuerzos ejecutivos, la tienda de ropa, etcétera. Tenemos que tener ayudas más agresivas para ellos y confiamos en que el Gobierno prontamente las decrete".

Sobre la distribución de los recursos, plantea que no es un asunto tan simple: "Con respecto a la distribución del Impuesto Solidario yo veo un problema difícil de solucionar y es: sí creo que es más fácil distribuirlo en cabeza de los entes territoriales, pero el Gobierno Nacional es el que tiene el registro de quiénes son y si cumplen realmente con el criterio para las ayudas. Entonces no es tan fácil la discusión. Pensaría que arranque el Gobierno mientras se transfieren datos a los entes territoriales".

Y el también barranquillero Arturo Char, de Cambio Radical, señaló: "Hoy no se sabe cuánto se recaudaría, se estima que serían cerca de $250 mil millones. Sería deseable que la distribución se realice en función de la participación de dicha población en las principales ciudades del país. Debemos esperar el recaudo del presente mes y los recursos deben adicionarse al presupuesto en el Fome".