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Tras la apertura de la convocatoria por parte del Congreso en enero de este año, a la que se presentaron 244 aspirantes, un total de 207 quedaron excluidos del proceso al no alcanzar el puntaje mínimo exigido en las pruebas aplicadas por la Universidad de Cartagena. El requisito era obtener al menos 70 puntos para avanzar a la siguiente fase.

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En las próximas semanas comenzará la revisión de hojas de vida, etapa en la que se escogerán 20 candidatos. Esto implica que otros 17 quedarán por fuera antes de que la Comisión de Acreditación del Congreso, tras analizar perfiles y realizar entrevistas, seleccione a los 10 finalistas. De ese grupo saldrá el nuevo Contralor General, elegido en sesión plenaria del Senado y la Cámara de Representantes, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez, quien culmina su periodo al frente

De acuerdo con la Constitución, el Contralor General es escogido por el Congreso en pleno mediante “mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo, solo el Congreso puede admitir la renuncia que presente el Contralor y proveer las faltas absolutas y temporales del cargo para ser elegido Contralor General de la República”.

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Entre los requisitos para aspirar al cargo se incluyen: ser colombiano de nacimiento, ejercer plenamente la ciudadanía, tener más de 35 años, contar con título universitario o haber ejercido la docencia universitaria por al menos cinco años, además de cumplir con otras condiciones que establezca la ley.

La designación del nuevo Contralor se perfila como uno de los primeros grandes pulsos políticos del Congreso que se instalará el próximo 20 de julio. En ese escenario, aunque la lista de elegibles marca el inicio del proceso, serán las mayorías en Senado y Cámara las que, reunidas en el Capitolio Nacional, definan finalmente quién asumirá durante cuatro años la vigilancia de los recursos públicos del país.

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