El sorteo de un millonario premio en efectivo durante el lanzamiento de una sede de campaña en Bogotá puso bajo revisión una de las prácticas recientes en la contienda presidencial. La actividad, liderada por el candidato Santiago Botero, incluyó la entrega de 25 millones de pesos distribuidos entre asistentes en cinco premios de 5 millones, tras una convocatoria difundida por WhatsApp y volanteo.
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El episodio generó cuestionamientos por sus posibles implicaciones legales, especialmente frente a la normativa electoral y el uso de incentivos económicos en actos proselitistas.
Consultado sobre lo ocurrido, el candidato defendió su actuación y negó que se tratara de compra de votos. “Yo a nadie le pido que vote por mí cuando le ayudo”, afirmó. También sostuvo que los recursos eran de origen propio: “Es mi plata y hago lo que quiera con ella”.
Coljuegos aclara que no ha autorizado sorteos de campañas presidenciales
Tras conocerse estos hechos, Coljuegos emitió un pronunciamiento en el que precisó que no ha recibido solicitudes ni ha otorgado permisos a campañas o candidatos para realizar este tipo de actividades. “ninguna campaña política o candidato a la Presidencia de la República ha solicitado ante Coljuegos ni cuenta con autorización para la realización de rifas o promocionales con fines de financiación”.
La entidad subrayó que cualquier dinámica relacionada con juegos de suerte y azar debe contar con un aval previo, el cual no ha sido tramitado por aspirantes a la Presidencia.
Actividades sin aval previo son ilegales y pueden acarrear sanciones
El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, advirtió que la realización de estos eventos sin autorización constituye una infracción. “cualquier actividad de esta naturaleza que no cuente con el aval previo de la entidad es considerada ilegal y, por lo tanto, será objeto de investigaciones y sanciones previstas en la ley”.
En ese sentido, insistió en que el cumplimiento de los requisitos legales es obligatorio para garantizar la transparencia en la operación de los juegos de suerte y azar.
La normativa prohíbe premios en efectivo en este tipo de actividades
Coljuegos también recordó las restricciones vigentes frente a los incentivos ofrecidos en rifas y promociones. De acuerdo con la entidad, la ley no permite entregar dinero en efectivo como premio, salvo excepciones que no aplican a campañas políticas.
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Así lo explicó: “bajo el marco legal vigente, está estrictamente prohibido que el premio de una rifa o promocional sea dinero en efectivo, salvo casos excepcionales previstos en la ley, dentro de los cuales no se encuentra la promoción de campañas políticas”.
Los juegos de azar están regulados y financian la salud
La entidad enfatizó que estas actividades hacen parte de un sistema regulado cuyo propósito es generar recursos para el sector salud. “Queremos ser claros con la ciudadanía y con quienes aspiran al primer cargo de la Nación: las rifas y promocionales en Colombia están reguladas y hacen parte del monopolio que genera rentas para la salud de los colombianos”, señaló Hincapié.
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Además, reiteró que no existen trámites en curso por parte de campañas: “Ninguna campaña ha radicado una solicitud de operación, y es nuestro deber recordar que el cumplimiento de los requisitos legales es obligatorio para garantizar la transparencia y la legalidad de la explotación de juegos de suerte y azar”.
Coljuegos hace un llamado a la ciudadanía a evitar participar en sorteos no autorizados
El pronunciamiento incluyó una advertencia dirigida a los ciudadanos. “Hacemos un llamado a los ciudadanos para que no participen en sorteos que no exhiban el logo de la entidad y el respectivo número de resolución de autorización”, indicó Hincapié.
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Finalmente, el funcionario aseguró que habrá vigilancia sobre estas prácticas en el contexto electoral: “no se permitirá el uso irregular de los juegos de suerte y azar en contextos electorales”.
Coljuegos concluyó invitando a campañas y candidatos a cumplir la normativa vigente y a acudir a la entidad en caso de que deseen adelantar este tipo de actividades dentro del marco legal.
