La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona se pronunció este viernes sobre las denuncias en contra de un presunto conflicto de intereses, tras conocerse recientemente que su madre, Alexandra Fonrodona Montoya, realizó seis contratos con el Gobierno nacional por 600 millones de pesos.
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Tras el nuevo escándalo, ya que el anterior fue con su hermano, Salim Kadamani, quien también suscribió contratos con el Estado colombiano, la jefe de la cartera de Cultura aseguró, a través de un comunicado que: “No he intervenido, ni incidido en ningún proceso de contratación en los que haya participado mi madre o hermano. De acuerdo con la normativa colombiana vigente, las inhabilidades por parentesco se configuran únicamente cuando existe relación directa con la entidad o sector sobre el cual el servidor público ejerce autoridad, intervención o control”.
Kadamani añadió que “en los casos sobre lo que se especula, no se presenta ninguna de esas condiciones. Por tanto, no hay restricción legal que impida su eventual vinculación contractual con el Estado en ámbitos distintos al sector bajo mi responsabilidad”.
La ministra reiteró que “no existe incompatibilidad, inhabilidad ni conflicto de interés alguno en la posibilidad de que mi hermano o mi madre sean contratados por entidades del Estado. Se trata de profesionales con trayectoria propia en un campo especializado, quienes —como cualquier ciudadano colombiano— tiene derecho a ejercer su profesión y a participar en procesos contractuales conforme a la Ley", manifestó.
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Sobre la declaración de parentesco de sus familiares, la mincultura afirmó que la misma se ha realizado en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), como lo son la hoja de vida y declaración de bienes y rentas, así como lo he declarado ella, conforme con el Decreto 830 de 2021, como persona públicamente expuesta. Indicó que dichos registros son públicos y está a disposición de todos los ciudadanos colombianos.
Respecto de la Ley 2013 de 2019, aseguró que no tiene ningún conflicto de interés que declarar.
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“Las insinuaciones de irregularidad carecen de fundamento jurídico y desconocen principios básicos del derecho administrativo colombiano, así como el derecho al trabajo y al ejercicio profesional de cualquier ciudadano”, agregó la ministra Kadamani.
