Por segunda ocasión en lo que va del año, el presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo llamado de atención por parte de la justicia debido al incumplimiento de una orden judicial relacionada con la rectificación de afirmaciones públicas.
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El requerimiento fue emitido por el Juzgado 24 del Circuito de Bogotá, que volvió a abrir un incidente de desacato contra el jefe de Estado al considerar que no ha dado cumplimiento a la orden de corregir y retirar 16 mensajes publicados en contra del exgerente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González.
El proceso judicial tiene su origen en una serie de pronunciamientos realizados por el mandatario, tanto en alocuciones oficiales como a través de redes sociales, en los que calificó a González como un “bandido” y lo responsabilizó del deterioro de la EPS, a la que señaló como una de las peores del sistema de salud.
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Según las publicaciones cuestionadas, el presidente aseguró que durante la gestión de González Montaño la deuda de Coosalud casi se triplicó en menos de un año, alcanzando en 2024 los 2.600 millones de pesos, situación que, a su juicio, evidenciaría que “se robaron la plata”.
Petro también extendió sus señalamientos a la junta directiva de la entidad, a la que acusó de permitir presuntas irregularidades como el desvío de recursos públicos hacia una empresa ficticia en el exterior y la aprobación de préstamos personales al exgerente por un monto superior a los $220.000 millones.
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En uno de sus mensajes publicados en X, el mandatario afirmó que “la investigación completa y su traslado a la fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.
Asimismo, la defensa del presidente solicitó la nulidad del proceso o, en su defecto, la reconsideración de la orden judicial. No obstante, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el juzgado de primera instancia negaron dichas pretensiones, al concluir que no existían irregularidades procesales y reiterar que el incidente de desacato busca asegurar el cumplimiento de una sentencia, no modificar su contenido.
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Finalmente, con esta nueva decisión, el presidente Petro dispone de un plazo adicional de 48 horas para informar al despacho judicial qué acciones ha adelantado para cumplir la orden de retractación o si ya procedió a eliminar las publicaciones relacionadas con el caso.
