Sobre el impuesto a licores y tabacos girará la mesa de trabajo con los gobernadores del país convocada para este lunes en el Ministerio de Hacienda para discutir la polémica emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Aunque el encuentro será a puerta cerrada, se espera que los mandatarios departamentales den al término un balance de los acuerdos a que se llegue o desacuerdos que persistan al respecto de los gravámenes del estado de excepción.
Además, la cartera económica anunció que emitirá un comunicado de prensa con las resoluciones de la reunión.
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La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, dirigido al ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que los gobernadores asistirán “en total disposición para dialogar, concertar y llegar a acuerdos”.
Indicó en este sentido que la prioridad del encuentro será proteger los recursos que sostienen sectores sensibles como la salud, la educación y el deporte en los territorios, reconociendo las presiones fiscales que enfrenta el Gobierno y la necesidad de fortalecer el recaudo.
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Frente a los controvertidos impuestos a licores y cigarrillos, la mandataria departamental alertó que un incremento mal diseñado podría terminar fortaleciendo las economías ilegales, el contrabando y las estructuras criminales.
Entre tanto, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, anunció que a más tardar el próximo viernes se conocerá la decisión sobre si se suspenden o no los efectos de la emergencia económica, mientras que el fallo de fondo sobre su constitucionalidad, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, se sabrá a finales de febrero.
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El titular del máximo tribunal defensor de la Carta Magna explicó en el diario El Tiempo que existen diferencias entre los tributos creados en el decreto, ya que, por ejemplo, el de patrimonio aún no se está recaudando y empezaría a cobrarse a partir de marzo, por lo que la Corte podría fallar antes de que entren en vigencia.
No obstante, advirtió que hay impuestos indirectos “leoninos” que ya se están cobrando, por lo que alertó que, mientras no se suspendan los efectos de la emergencia, el alto tribunal no puede frenar el recaudo.
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Así mismo, precisó que en el fallo de fondo se definirá si se producen efectos retroactivos, lo que obligaría a devolver los recursos recaudados por parte del Estado. Y en caso de que los efectos sean solo hacia el futuro, se cesarán los cobros a partir del momento en que lo establezca la providencia.
De otro lado, se indicó que la entrada en vigencia del Decreto 1474 de 2025 ha provocado un fuerte incremento en los precios de licores y cigarrillos, ya que el impuesto del IVA sobre bebidas alcohólicas pasó del 5% al 19%, y subió en un 119% la tarifa del componente específico del impuesto al consumo, pasando de 342 pesos en 2025 a 750 pesos por grado alcoholimétrico en unidades de 750 mililitros.
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Además, el componente ‘ad valorem’ del impuesto al consumo, que se calcula sobre el precio de venta al público antes de gravámenes, subió del 25% al 30%, afectando el costo de aguardientes, rones, whiskys y otras bebidas alcohólicas. Y para el tabaco, el impuesto pasó de poco más de 4.000 pesos por cajetilla a más de 11.000 pesos, más del doble del valor anterior.
En este sentido, la Industria Licorera de Caldas y la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) revelaron los nuevos precios sugeridos para 2026: el Aguardiente Amarillo de Manzanares (750 ml) pasó de 49.705 a 71.112 pesos, un aumento del 43%; el Ron Viejo de Caldas tradicional (750 ml) pasó de 54.545 a 84.604 pesos, incremento del 55%; y el Aguardiente Antioqueño (750 ml) pasó de 17.500 a 33.000 pesos solo en impuestos, un alza superior al 48%.
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Y en el caso de los whiskys importados, el Old Parr 12 años pasa de un rango de 135.000 a 165.000 pesos a costar entre 136.000 y 178.000 pesos, y la Buchanan’s estándar pasa de uno de 147.000 a 180.000 a uno de 170.000 a 215.000 pesos.
Agrega el reporte de que la industria licorera representa aproximadamente 1,5% del PIB colombiano y genera más de 200 mil empleos directos e indirectos. En los últimos dos años aportó cerca de 1,2 billones de pesos en impuestos. Se estima que cerca del 24% del licor consumido en Colombia es ilegal. Así mismo, las bebidas alcohólicas representan 3,88% del gasto de los hogares y un peso cercano al 1,7% en el índice de precios al consumidor (IPC).
