El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó el lugar de reclusión de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, capturados recientemente en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional, en Bogotá, mientras que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, permanecerá bajo custodia en la Escuela de Carabineros de Cali, en el Valle del Cauca.
Las capturas se produjeron tras una orden emitida por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, quien determinó imponer medida de aseguramiento intramural, al considerar que era “urgente, necesaria e idónea” frente a la gravedad de las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el proceso desde hace más de dos años.
Avances de la investigación
Según reveló la Fiscalía, los exfuncionarios del Gobierno nacional estarían involucrados en un presunto entramado de corrupción relacionado con el desfalco de recursos públicos de la UNGRD. En el expediente se señala que habría existido un acuerdo ilegal para direccionar 74 proyectos regionales, con un valor superior a los 612.000 millones de pesos, a cambio de respaldo político en el Congreso.
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La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, explicó que los hechos investigados se habrían desarrollado entre mayo de 2023 y febrero de 2024, periodo en el cual, según el ente acusador, se estructuró una organización criminal que también habría impactado al Instituto Nacional de Vías (Invías).
“Desde por lo menos mayo de 2023 hasta mediados de febrero de 2024, ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del Interior, y Ricardo Bonilla González, para la data ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno nacional y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”.
