Las diligencias de inspección realizadas por la Fiscalía en la estatal Indumil y en el Comando de Personal del Ejército volvieron a poner en el centro del debate al general Juan Miguel Huertas.
Los operativos, instruidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, buscan recopilar documentación, inventarios de armamento y archivos digitales que permitan esclarecer los presuntos vínculos entre mandos militares y las disidencias de alias Calarcá.
Las actuaciones judiciales se producen tras las recientes revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que advirtió sobre posibles infiltraciones y eventuales acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios públicos, una hipótesis que sigue bajo verificación de las autoridades.
En entrevista con Recap Blu, del medio Blu Radio, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, cuestionó la postura del presidente Gustavo Petro frente a la situación del general Huertas, quien fue suspendido por la Procuraduría, aunque el decreto que formaliza la medida aún no ha sido firmado por el jefe de Estado.
“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña”, expresó Paloma.
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Asimismo, la congresista retomó episodios como el llamado ‘Pacto de La Picota’ y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre supuestos apoyos electorales desde centros penitenciarios, para sostener que la cercanía entre sectores criminales y actores políticos es un tema que, según ella, merece esclarecimiento. Aseguró además que algunas decisiones del Gobierno en materia de seguridad podrían interpretarse como un “salvoconducto para delinquir”, en el marco de la llamada paz total.
Por otro lado, durante un debate en el Congreso, Valencia expuso parte de las denuncias que rodean al oficial, recordando que el caso tuvo origen en la captura de siete presuntos cabecillas, entre ellos alias Calarcá, en un operativo realizado en Antioquia hace más de un año. Cuatro de los detenidos recuperaron la libertad y tres fueron nombrados ‘gestores de paz’, decisión que, según la senadora, generó dudas sobre eventuales escenarios de impunidad.
La congresista aseguró que información contenida en dispositivos incautados sugeriría la existencia de oficiales “pagados por las disidencias” para favorecer sus operaciones y desplazar a uniformados que obtenían resultados contra esas organizaciones. También afirmó que allí habría menciones a supuestos apoyos políticos y financieros provenientes de estructuras criminales hacia la campaña presidencial de Gustavo Petro.
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“Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa”, manifestó.
Respecto al retiro de Huertas durante el Gobierno de Iván Duque, Valencia sostuvo que lo retiró al recibir alertas internacionales sobre presuntas conexiones del oficial con redes narcoterroristas. Posteriormente, dijo, el general reapareció durante la campaña de Petro y estuvo cerca de ser nombrado comandante del Ejército, nombramiento que no se concretó.
Por ahora, la Fiscalía continúa la recopilando pruebas y mantiene abiertas varias líneas investigativas. Mientras tanto, el caso sigue generando tensiones en el escenario político.
