La Contraloría General de la República informó este 2 de diciembre que encontró hallazgos fiscales por $125.710 millones en el proyecto de reducción y mitigación del riesgo en Mocoa, ejecutado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El pronunciamiento se dio tras una auditoría realizada en Putumayo.
Según el informe, el contrato tenía como objetivo construir obras de mitigación en el marco del Plan de Acción Específico para la reconstrucción del municipio, con un valor inicial de $185.093 millones. Estos trabajos incluían estudios técnicos y diseños ambientales para intervenir cuencas como las de los ríos Mulato, Sangoyaco y la quebrada Taruca.
Sin embargo, durante la auditoría se evidenciaron problemas en la ejecución, ausencia de claridad en los soportes contables y técnicos, falta de registros de interventoría y pagos por actividades no programadas ni contratadas.
“El proyecto presenta un gran atraso en su ejecución de casi 5 años respecto de la fecha de terminación del programa de reconstrucción y se prevé que no se podrán terminar todas las obras”, señaló la Contraloría.
Cinco años de retraso en las obras de mitigación del riesgo
Los hallazgos muestran que las actividades no avanzaron según lo estipulado y que el rendimiento del proyecto era “supremamente inferior” frente a lo esperado para mayo de 2025, fecha del corte de la visita del ente de control.
Además, las pocas obras construidas no son funcionales, lo que mantiene a la población de Mocoa expuesta a situaciones de riesgo similares a las de la tragedia de 2017.
El organismo de control advierte que la ejecución debía ser coordinada y sistemática, pero en la práctica se hizo “de forma aislada”, generando desviaciones que aumentan la amenaza para la comunidad.
Pagos sin cumplimiento y responsabilidad fiscal
La Contraloría concluyó que, debido a una “gestión ineficaz e ineficiente”, se realizaron pagos sin que se cumpliera la finalidad principal del proyecto, lo que derivó en hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales por $125.710 millones.
Estos recursos fueron pagados por la Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo (FNGRD), a los contratistas del proyecto.
El ente de control también alertó que las deficiencias en la planeación, supervisión, interventoría y rendición de cuentas comprometen la eficacia del gasto público y la protección de la comunidad de Mocoa.
Aquí el comunicado oficial emitido por la Procuraduría frente a este caso:
