Una dolorosa polémica se ha generado en los últimos días en el país por los 15 menores de edad reclutados por grupos armados ilegales que fallecieron en bombardeos de la fuerza pública y en operativos militares en distintas zonas del país. Esto en parte porque el presidente Gustavo Petro, otrora opositor, fue un duro crítico de que los menores de edad, pese a que ya eran víctimas de reclutamiento, fuesen víctimas también en bombardeos y operaciones de guerra. Y ahora tuvo que salir a dar explicaciones e incluso pedir perdón por el paradójico ‘déjà vu’ fatal.
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“No queremos que se nos compare o se nos asigne como si hubiéramos violado el Derecho Internacional Humanitario, DIH, que ninguno de aquí lo ha hecho”, expresó Petro en una alocución el pasado miércoles, en la que indicó que de 1.404 combates de las Fuerzas Militares y de Policía sostenidos contra los grupos armados en su gobierno solo en 13 hubo bombardeos porque este tipo de ataques supone “el uso de una mayor potencia” y hay “que tener cuidado” para no afectar a la población civil.
Precisó además que las Fuerzas Militares han tenido “el cuidado suficiente para que no caiga población civil en los combates y eso se llama principio de distinción en el DIH”. Y aseguró que en los bombardeos que autorizó “caen menores de edad como combatientes” y reivindicó que las Fuerzas Miliares no bombardearon “un caserío”, sino que han atacado grupos armados “que se mueven en el interior de la selva”.
“Es una fuerza armada completamente, en todos sus integrantes, y en esa fuerza van menores y no lo sabíamos exactamente”, explicó.
Por ello, el mandatario dijo que denunciará al jefe de las disidencias, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país, ante la Corte Penal Internacional, CPI, por reclutar menores, lo que lo hace “un criminal de guerra”.
42 menores desde 2022
En medio de un debate de control político también el miércoles en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara se denunció que serían 17 los menores de edad muertos en bombardeos y otros 25 menores de edad muertos en enfrentamientos durante el gobierno de Petro.
La representante Catherine Juvinao, del ala independiente de la Alianza Verde, advirtió que “serían 17 los menores asesinados en bombardeos, y otros 25 menores murieron a causa de la fuerza pública entre 2022 y 2024 por arma de fuego”.
Cuestionó además la parlamentaria que “el Gobierno no informó sobre estas operaciones ni sobre las víctimas (...) Estamos denunciando una posible opacidad por parte del Gobierno nacional y de la fuerza pública en el reporte, primero, de los bombardeos y segundo, de las víctimas de estos bombardeos”.
“Tenemos información de Medicina Legal de que hubo dos bombardeos más en 2023 y 2024, en Argelia, Cauca, en donde fallecieron dos menores”, aseveró, agregando que “otros 25 menores perdieron la vida aparentemente en enfrentamientos con la fuerza pública y fueron muertos por arma de fuego. (...) Tenemos 25 menores de edad fallecidos adicionales a los de bombardeos, para un total de 42 menores fallecidos”, sentenció.
Y precisó que estos casos se dieron con siete menores en 2022 en los departamentos de Arauca, Atlántico, Cauca, Nariño y Valle del Cauca; 11 durante el año 2023 en Arauca, Atlántico, Chocó y Valle del Cauca; y siete más en 2024 en Valle del Cauca, Caquetá y Huila.
Moción de censura
La representante Katherine Miranda, también del ala independiente de los verdes, citante de una moción de censura contra el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, le dijo a EL HERALDO: “Radicamos formalmente la solicitud, apoyada por más de 30 congresistas, con cuatro firmas del Pacto Histórico, que mantienen la coherencia con lo que ellos mismos hicieron en el pasado, cosa que sinceramente me alegra. Ahora esperemos que la mesa directiva fije la fecha del debate, tiene un plazo máximo de 10 días después de la radicación, para que el país pueda escuchar las explicaciones que le corresponde dar a este gobierno y más allá de si los votos alcanzan o no, aquí hay un mensaje político y ético y es que cuando mueren menores de edad y población civil en operaciones militares hay una responsabilidad política y más cuando este gobierno tanto criticaba estas mismas actuaciones en gobiernos pasados”.
Agregó la parlamentaria que las cifras de menores víctimas en este gobierno “son absolutamente inaceptables y lo más grave es que contradicen todo el discurso de humanidad y de ‘potencia mundial de la vida’ que Petro ha repetido desde que llegó al poder”, señalando que “fueron varias operaciones donde las comunidades habían advertido la presencia de menores, y aquí no estamos hablando de un accidente o de un evento aislado, sino de fallas graves en las cadenas de decisión”.
A esto se le suma, indicó Miranda, el reclutamiento forzado que “en los últimos cinco años ya van más de 1.200. En el año 2022 según la Defensoría del Pueblo hubo 30 casos de reclutamiento armado y en el 2024 dijo que superaron los 600 casos, y además entre el 2023 y 2025 la misma Defensoría ha emitido más de 160 alertas tempranas por riesgo de reclutamiento: mientras el Gobierno habla de paz total, en los territorios lo que vemos es grupos ilegales que están captando más menores y esto ocurre en un contexto en que los grupos armados se han expandido, el Clan del Golfo incrementó su presencia territorial cerca de un 50 % en comparación con hace tres años, más municipios, más rutas, más control, si el Estado retrocede los criminales avanzan y los niños quedan completamente expuestos”.
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“Doble rasero”
Para la legisladora de la Alianza Verde, el doble rasero está cuando estas tragedias ocurrieron en el gobierno de Iván Duque y Petro fue uno de los críticos más duros, “y yo estoy de acuerdo: la muerte de un menor jamás puede ser un daño colateral, pero hoy, cuando las cifras son peores, el discurso cambia, se justifican operaciones, se minimizan alertas y se dice que suspender bombardeos sería invitar a que se recluten más, esa incoherencia es inaceptable, por eso insistimos en que aquí hay una responsabilidad política, acá el debate de control y está moción no es contra la fuerza pública, faltaba más, es contra un ministro y un gobierno completamente incoherente, contra quien dio la orden, contra quienes no aplicaron los protocolos y quienes hoy no quieren asumir estas consecuencias”.
Los mindefensas
Miranda advirtió en EL HERALDO que “el ministro de Defensa debe renunciar y no por razones ideológicas ni cálculo político, sino por algo mucho más básico y es responsabilidad, cuando en una operación militar mueren menores de edad, alguien tiene que asumir las consecuencias y así funciona en cualquier democracia seria”.
Sánchez reportó en un comunicado que el 10 de noviembre se adelantó una operación militar en contra de una estructura de ‘Mordisco’, en la que cayeron 26 personas, precisando que entre los 20 fallecidos “lamentamos profundamente que dentro de ellos fueran identificados 7 adolescentes reclutados y utilizados como combatientes ilegales”.
Además aseveró que la estructura criminal estaba “compuesta por más de un centenar de personas armadas con alto poder de combate” y que “la decisión de proceder con un apoyo aéreo cercano a la tropa, que incluyó el empleo de bombardeo, fue para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal”, manifestando que “de no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero —y las familias de estos valientes militares— estaríamos lamentando un atentado terrorista contra las tropas”.
Por su parte, el ex ministro de Defensa, Diego Molano, cuestionó en sus redes: “Ayer acusaban de asesinos; hoy justifican lo mismo que condenaban, sin compromiso real de proteger a los niños que siguen reclutando. (...) El problema real es que la paz total nunca se preocupó por el reclutamiento de niños, la paz total blindó a los reclutadores ilegales de niños. (...) Solo cambia el discurso con los bombardeos, no la impunidad”.
Y entre tanto el también ex ministro de Defensa, Guillermo Botero, se pronunció en respaldo: “Frente a la operación en el Guaviare, el propio ministro de Defensa ha afirmado –con razón– que se actuó contra objetivos militares lícitos, bajo los estándares del DIH y a la espera de los dictámenes de Medicina Legal. Eso mismo explicamos en 2019 ante una operación similar. (...) El crimen es el reclutamiento de menores”.
LA ONU expresó preocupación y la Procuraduría investiga los hechos
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” por la muerte de siete menores de edad durante una operación militar en el Guaviare y atribuyó a los grupos armados ilegales la responsabilidad de usar a la niñez “como escudo humano”.
En un comunicado publicado en redes sociales, la oficina también instó a las Fuerzas Militares a adoptar, en sus labores de inteligencia, “todas las precauciones necesarias para proteger y evitar la muerte de niños y niñas que han sido víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales”.
La Oficina recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño del año 2000 prohíbe explícitamente el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales y reiteró que estos “son responsables de exponer a alto riesgo a la niñez y de utilizarla como escudo humano”.
A su vez, la Procuraduría indagará si los bombardeos de las últimas semanas contra las disidencias de las Farc, en los que murieron al menos 12 menores de edad, cumplieron o violaron el DIH.
El Ministerio Público señaló en un comunicado que “abrió de oficio cinco indagaciones preliminares destinadas a esclarecer si en las recientes operaciones militares adelantadas contra estructuras criminales armadas se cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
La muerte de los menores, agregó, es una “circunstancia que exige un examen institucional exhaustivo, riguroso y objetivo”.
