El Consejo de Estado reportó este viernes, cuando se cumplen 40 años del segundo día de la toma y retoma del Palacio de Justicia, que la Subsección C de la Sección Tercera del declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación, a través del Ministerio de Defensa Nacional, por la muerte de Jorge Alberto Echeverry Correa, magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ocurrida durante los hechos del holocausto del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
La alta corte de lo contencioso administrativo determinó que “la muerte del funcionario judicial se produjo por causas concurrentes: por una parte, la toma irracional, violenta, indiscriminada y terrorista del Palacio de Justicia por parte del grupo subversivo M-19 -quienes irrumpieron inconvencional y violentamente en la sede judicial, retuvieron como rehenes a magistrados y funcionarios, los utilizaron como escudos humanos y accionaron cargas explosivas al interior del recinto–; y, por la otra, por la omisión en el cumplimiento de los deberes de seguridad y protección del Estado y por el uso excesivo y desproporcionado de las fuerzas del orden durante la retoma”.
La corporación enfatizó en este sentido que la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 no puede ser interpretada como una hazaña política ni como un acto de rebeldía heroica “sino más bien esta constituyó tal vez la afrenta más grave al Estado de Derecho desde la fundación de la República, la amenaza más decidida contra la institucionalidad democrática y contra la majestad de la justicia, piedra angular de la estabilidad social y de lo que une a los colombianos como Nación”.
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Así mismo, el alto tribunal estableció que la verdad, entendida como derecho, posee una doble dimensión: en el ámbito público constituye un bien común que pertenece a toda la sociedad, y en el plano individual representa el escenario en el que las víctimas recuperan su visibilidad y dignidad.
“Conocer la verdad preserva del olvido la memoria colectiva y libera a las personas del silencio que encierra la injusticia y la mentira”, se lee.
Por ello, el Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable al Estado y lo condenó al pago de perjuicios morales y lucro cesante a favor de los familiares del magistrado auxiliar fallecido.
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De igual forma, la corporación ordenó publicar la providencia en un medio de amplia circulación y realizar un acto público de perdón, en el que, con el propósito de contribuir a la verdad, se dé lectura al fallo.
Por último, el alto Tribunal exhortó al Ministerio de Defensa a repetir en contra del M-19 como organización o colectivo, los autores por responsabilidad de mando y/o los directos perpetradores en la proporción causal en que contribuyeron a producir el daño, en tanto el movimiento subversivo con el ataque a la sede judicial contribuyó causalmente en la muerte del magistrado auxiliar.
