Diez exministros y exviceministros de Salud enumeraron uno a uno los problemas que enfrenta el sistema de salud colombiano, según afirman a través de una carta, producto de la mala gestión del Gobierno Petro que ha intentado “por todos los medios imponer su reforma”.
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En la misiva, los exfuncionarios aseguran que el Ejecutivo ha puesto en marcha “una estrategia deliberada para deteriorar la confianza en el sistema, desfinanciarlo, desordenar su funcionamiento y luego presentar ese caos como justificación de su reemplazo”.
Los seis exministros y los cuatro exviceminitros de Salud manifestaron que desde el inicio del Gobierno Petro sus voceros han dejado ver de manera explícita que el plan es debilitar las EPS para imponer la reforma que se ha hundido en el Congreso de la República. “No se trata, por tanto, de una crisis espontánea ni coyuntural, sino de una determinación calculada para debilitar el modelo vigente y forzar una sustitución institucional por la vía del colapso”.
En la misiva, firmada por los exministros Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz, Gabriel Riveros, Jaime Arias, Augusto Galán y Betriz Londoño, así como por los exviceministros Eduardo Alvarado, Carlos Castro, Jairo Núñez y Blanca Cajigas, ponen de manifiesto el aumento de tutelas, quejas, barreras de acceso, demoras, cierres de servicios y desabastecimientos.
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“Los trabajadores de la salud enfrentan incertidumbre laboral y las órdenes de la Corte Constitucional son abiertamente desacatadas por las propias autoridades del sector. El proceso electoral que se inicia y las discusiones políticas nacionales e internacionales no nos pueden distraer de los problemas estructurales y del estado de postración al cual han conducido el sistema de salud y al país en general. Nunca un gobierno había convertido un servicio esencial y un derecho fundamental en un escenario de confrontación político-electoral”, se lee en la comunicación.
Criticaron el intento de poner en marcha la reforma al sistema mediante un ‘decretazo’ contrariando el principio constitucional que reserva al Congreso de la República el trámite de las leyes que pueden modificar el Sistema de Seguridad Social.
“(El ‘decretazo’) es la confirmación jurídica de lo que la ciudadanía percibe desde hace meses: que el Gobierno busca alterar por vías irregulares la arquitectura institucional del sistema de salud colombiano. Esa decisión fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado -mientras falla de fondo sobre el asunto- en reconocimiento de las múltiples demandas que señalan su ilegalidad e inconstitucionalidad, así como por la afectación que producía sobre el bienestar y la salud de la población.
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Por ello, instaron al próximo Gobierno a liderar un proceso que recupere la confianza entre los actores; reconstruya la capacidad técnica del Ministerio de Salud y otras entidades; garantice la liquidez del sector; priorice a las personas y a los pacientes en el centro del sistema; reconozca y trabaje con el capital humano con que cuenta; asegure la suficiencia de la UPC; efectúe los pagos de las deudas y avance hacia un plan de financiamiento “sostenible que sea previsible y entregue estabilidad, transparencia y eficiencia al uso de los recursos públicos”.
