Desde el Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló que envió una carta al FBI y a la DEA, autoridades de Estados Unidos, donde hace énfasis al tarimazo’ en La Alpujarra, para que investiguen la presunta relación entre líderes de bandas criminales del Valle de Aburrá y el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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La denuncia del mandatario local hace referencia al controvertido encuentro del pasado 21 de junio en La Alpujarra, donde varios jefes de estructuras delincuenciales se presentaron en una tarima junto a funcionarios del Gobierno Nacional, incluyendo al presidente Petro, congresistas del Pacto Histórico y algunos ministros, en el marco del proceso de ‘paz total’.
Durante su intervención ante empresarios y mandatarios locales (entre ellos los alcaldes de Bogotá, Cali, Cartagena y Manizales) y empresarios, Gutiérrez aseguró que la carta fue enviada el 2 de julio. En ella, solicita a las autoridades estadounidenses revisar los posibles vínculos entre el Gobierno Nacional y reconocidos cabecillas criminales como alias Tom o Chatas, Douglas, Vallejo, Carlos Pesebre, Juan 23, Grande Pa, El Indio y Lindolfo, entre otros, quienes estuvieron presentes en el evento.
Según el alcalde, algunos de esos jefes están solicitados en extradición por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, por lo que pidió a la DEA y al FBI investigar posibles actos de connivencia.
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“Unas quejas disciplinarias frente a congresistas, frente a la gente que estuvo en la tarima y como hay algunos de esos mafiosos que estaban ahí, que en su momento eran pedidos en extradición por los Estados Unidos por tráfico de drogas, pues yo ya le mandé la cartica al FBI y a la DEA mostrándoles quiénes estaban en la tarifa y al lado de quién. Que respondan”, expresó Gutiérrez.
De acuerdo con información conocida por Blu Radio, el documento de cuatro páginas también se apoya en un informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el cual señala que la orden para permitir la salida de los cabecillas de la cárcel de Itagüí fue emitida directamente desde la Presidencia de la República. El documento identifica al presidente como la “suprema autoridad administrativa” del Inpec.
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Además, se detalla que la solicitud fue tramitada por la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien actúa como delegada del Gobierno para coordinar acercamientos con estructuras criminales dentro del proceso de paz urbana, junto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
