La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió con firmeza a una carta enviada por la fiscal delegada Lucy Marcela Laborde, quien había expresado su preocupación por posibles afectaciones a la autonomía e independencia de los fiscales en el marco de la investigación que se adelanta contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro.
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La controversia surgió tras la expedición de la Resolución 33 del 8 de septiembre de 2025, mediante la cual la Delegada contra las Finanzas Criminales asignó una fiscal de apoyo al proceso a cargo de Laborde. En su carta, la fiscal delegada cuestionó esta decisión, argumentando que podría interpretarse como una forma de interferencia o presión indebida sobre su gestión.
Ante esto, Camargo respondió que el nombramiento de una fiscal de apoyo no constituye una intromisión, sino una práctica habitual dentro de la entidad, encaminada a brindar “acompañamiento, orientación y asesoría jurídica”. Recalcó que esta figura ya había sido usada en casos anteriores a cargo de la misma Laborde, sin que se hubiese presentado objeción alguna.
“La designación de una fiscal de apoyo no tuvo por finalidad socavar su autonomía e independencia, sino sólo poner a su disposición mayores herramientas para la realización de sus deberes”, expresó Camargo.
Agregó que, considerando el rechazo de Laborde a dicha figura y a recibir asesoramiento, ordenó la revocatoria de la resolución y la asignación del caso a otra funcionaria, decisión que fue formalizada el 22 de septiembre por la delegada contra las Finanzas Criminales.
Camargo también se refirió a la reunión convocada por la Dirección contra la Corrupción, en la que Laborde alegó haber sido incluida sin autorización. Camargo aclaró que dicha convocatoria fue hecha a solicitud de la fiscal a cargo de ese despacho y que su despacho se enteró de la objeción a través de los medios de comunicación.
Finalmente, Luz Adriana Camargo reiteró su compromiso con la independencia de los fiscales.
“Reitero, no existe ni existirá durante mi administración ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los fiscales. Creo firmemente en la capacidad, experiencia y conocimiento de los funcionarios de la entidad”.
Asimismo, reafirmó su respeto por el ejercicio profesional de Laborde, destacando su trayectoria y confiando en que continuará representando dignamente a la Fiscalía en sus funciones.
“La Fiscalía en su integridad se debe a los colombianos, y como tal, es su obligación honrar la confianza depositada en sus actuaciones”, concluyó la fiscal general.