Los precandidatos presidenciales Carolina Corcho y Gustavo Bolívar interpusieron este lunes una tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la decisión del órgano electoral de limitar la unión de todos los partidos del Pacto Histórico, de cara a las elecciones de 2026.
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La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, argumentando que “los condicionamientos de la reciente resolución del CNE vulneran los derechos fundamentales a la participación política, el debido proceso y la igualdad”.
La tutela fue radicada en la mañana de este 22 de septiembre con carácter de “urgencia”, debido a que el próximo viernes 26 de septiembre vence el plazo para la inscripción de candidaturas. Dicha demanda busca un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior “amparando los derechos a la participación política, al debido proceso y a la igualdad, de cara a los condicionamientos hechos por el CNE a través de la reciente resolución que otorga personería jurídica condicionada, de la cual por lo demás aducen incurrió en demoras que inciden también en el proceso”.
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De acuerdo a los precandidatos, la Resolución 09673, expedida el 17 de septiembre por el CNE, condiciona la existencia legal del Pacto Histórico a la conclusión de procesos sancionatorios en curso contra partidos que integran la fusión. Según su argumentación, esta decisión “cercena los derechos de millones de electores y militantes” y deja en vilo jurídico la posibilidad de participar en la consulta popular programada para el 26 de octubre.
De igual manera, los demandantes solicitan a la Registraduría Nacional del Estado Civil que permita la “inscripción inmediata” de sus precandidaturas presidenciales y legislativas. Los accionantes calificaron la decisión del CNE como “un perjuicio irremediable”, y recordaron que en las elecciones de 2022 la coalición se consolidó como la principal fuerza de izquierda del país, alcanzando más de once millones de votos, lo que, a su juicio, refuerza la legitimidad de su reclamo.
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“El recurso enfatiza que no existen razones jurídicas para impedir el reconocimiento pleno de la personería, pues el acuerdo de fusión establece que el nuevo partido asumirá de manera solidaria las obligaciones y sanciones de sus integrantes. De no prosperar la medida cautelar, advierten, se produciría un “perjuicio irremediable” al quedar excluidos de la contienda electoral de 2025, vulnerando así los derechos políticos de quienes buscan ser elegidos y de sus electores", se lee en el comunicado.
