En la recta final del mandato del presidente Gustavo Petro, una de las principales críticas a su administración continúa siendo la polémica política ‘paz total’.
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A pesar de los cuestionamientos sobre el recrudecimiento de la situación de orden público en varias regiones del país, se conoció que el Ejecutivo firmó millonarios contratos con integrantes de las delegaciones de paz.
Uno de los casos más destacados es el de Vera Grabe, jefe de la delegación del Gobierno en las conversaciones con el ELN, quien firmó un contrato por $175 millones para siete meses de prestación de servicios, con vigencia hasta el 28 de febrero de 2026, según lo informado por el medio Semana.
El acuerdo, de régimen especial, establece que Grabe debe cumplir las funciones propias de su designación presidencial en la mesa de negociación.
La descripción del contrato indica que: “El contratista se obliga a prestar a la entidad, por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales especializados para adelantar las actividades que le corresponden como jefa de la delegación del Gobierno en el proceso de paz que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en virtud de la designación presidencial y según las instrucciones del presidente de la República y el consejero comisionado de paz”.
Lo llamativo es que el propio mandatario anunció en enero de este año la suspensión del dialogo con el ELN, tras la masacre en el Catatumbo.
“Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo; el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, expresó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.
Además de Grabe, otros negociadores también recibieron contratos por altas sumas, como es el caso de Fabio Valencia Cossío, negociador con las disidencias de las Farc, firmó por $117 millones durante seis meses.
El contrato, también con régimen especial, indica: “El contratista se obliga a prestar a la entidad, por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para adelantar las actividades como representante autorizado del Gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con el Estado Mayor de los bloques Comandante Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y frente Comandante Raúl Reyes de las Farc-EP, en virtud de la designación presidencial y según las instrucciones que, verbalmente o por escrito, le imparta el señor presidente de la República o a través de la Consejería Comisionada de Paz”.
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Otro caso es el de Feliciano Valencia, también para los diálogos con las disidencias, tiene un contrato de $117 millones por siete meses, hasta febrero de 2026. “Servicios para adelantar las actividades como representante autorizado del Gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con el Estado Mayor de los bloques Comandante Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y frente Comandante Raúl Reyes de las Farc-EP, en virtud de la designación presidencial y según las instrucciones que, verbalmente o por escrito, le imparta el señor presidente de la República o a través de la Consejería Comisionada de Paz”.
Y finalmente, Genny Calvo Olmos, recibió un contrato por $117 millones durante seis meses, que finaliza el 2 de marzo de 2026.
“Servicios para adelantar las actividades como representante autorizado del Gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con el Estado Mayor de los bloques Comandante Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y frente Comandante Raúl Reyes de las Farc-EP, en virtud de la designación presidencial y según las instrucciones que, verbalmente o por escrito, le imparta el señor presidente de la República o a través de la Consejería Comisionada de Paz”, dice la descripción del contrato.
