Luego de que el presidente Gustavo Petro insinuara de nuevo la aprobación de una Asamblea Constituyente, pero esta vez en manos del próximo Congreso de la República, diferentes sectores políticos se pronunciaron en rechazo.
El jefe de Estado consideró necesario que la lista al Congreso 2026 esté integrada por candidatos que apoyen esta iniciativa. “Que la lista que se proponga sea una lista proconstituyente y vuelva realidad la orden del pueblo con sus firmas”, dijo en su cuenta de X este domingo.
Además se refirió a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo Assís, insinuando que esta produjo una "estela de clientelismo", por lo que aseguró, se requiere urgentemente una reforma a la justicia.
Ante esto, la representante Katherine Miranda indicó: “Lo sabíamos, presidente Petro: la verdadera intención detrás de su presión en la elección de magistrados era allanar el camino a una constituyente a su medida”.
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La congresista enfatizó que “cuando un mandatario quiere cambiar las reglas del juego para perpetuar su proyecto político, estamos ante la antesala de la dictadura”.
Por su parte el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, señaló que el presidente Petro “es parte del gran problema clientelar del Congreso".
Aseguró que el jefe de Estado y su gobierno “han comprado congresistas para sacar adelante sus reformas. No vamos a permitir que modifique la constitución de 1991. En las urnas nos vemos”.
Asimismo, el representante a la Cámara Andrés Forero rechazó la idea de Petro de convocar a una constituyente en 2026.
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"Vuelve con el cuentazo constituyente para tratar de tapar la evidente falta de resultados de su pésimo gobierno y desviar la atención de la nueva tributaria con la que busca seguir estrangulando a los colombianos a punta de impuestos", indicó en su cuenta de X.
La directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Lucía Bastidas, se cuestionó si la participación política en realidad está “abierta”, e hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación, a la Misión de Observación Electoral y a la CIDH para que estudien la intención del jefe de Estado.
