La Corte Constitucional dejó en firme el pasado jueves la Ley 2385 de 2024, también conocida como No más olé, que prohíbe las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, e incluyó otras prácticas como el coleo, corralejas y peleas de gallos que habían sido excluidas de la medida.
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Uno de los principales argumentos bajo los que se promovió en el Congreso de la República la aprobación de esta ley fue que la medida pretende proteger los derechos de los animales, pues estas prácticas implican, en muchos casos, comportamientos violentos contra los animales que es, de hecho, un delito tipificado en el Código Penal.
“Los animales son seres que sienten, no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos”, contempla la Ley 1774 del 6 de enero de 2016.
Dicha norma establece que los actos dañinos y de crueldad contra los animales que no causen la muerte o lesiones que afecten de manera grave su salud o integridad física serán sancionados con multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En caso de que se cometan delitos contra la vida e integridad física y emocional de los animales, sean de compañía, silvestres, vertebrados o exóticos, entre otros, y que se les cause la muerte o lesiones de salud graves, la pena será de prisión entre 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para poder ejercer la profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multas de entre 5 a 60 SMMLV.
Las penas de prisión aumentarían a la mitad a tres cuartas partes si la conducta se comete:
- Con sevicia.
- Cuando una o varias de las conductas de maltrato se lleven a cabo en la vía o en sitios públicos.
- Si para maltratar se valen de menores de edad o si el hecho se realiza en presencia de ellos.
- Cuando se cometan actos sexuales con los animales.
- Cuando el delito de maltrato animal lo cometiera un servidor público o quien ejerza funciones públicas.
Además, se puede incluir el decomiso del animal y los gastos que estos generen con el fin de garantizar su protección.
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Ahora restan menos de dos años para quienes se dediquen a estas prácticas transicionen a otro oficio, pues la implementación de la prohibición será gradual, en un periodo de transición de tres años que se completará en 2027.
Durante este tiempo se realizará un censo a la comunidad que vive en torno a la tauromaquia para generar planes y estrategias de renovación laboral para las familias que se vean afectadas.
Asimismo, las plazas de toros serán convertidas en espacios culturales, lúdicos, deportivos y artísticos, priorizando la integración de las familias afectadas por la prohibición.
