Luego que la oficina de Derechos Humanos de la ONU afirmara este viernes que cualquier acción de un Estado para enfrentar el tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional, en relación al ataque lanzado esta semana de Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente pertenecía a la organización criminal Tren de Aragua, el presidente Gustavo Petro aseguró que “Colombia no colabora con asesinatos”.
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A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su descontento con lo sucedido y afirmó que desde un principio calificó el ataque como un asesinato.
“Dije que era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo. Si al gobierno de EE. UU. no le importa la ONU y el derecho internacional, a mí, sí.”, escribió el jefe de Estado.
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Y agregó: “La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional.”
Asimismo, reiteró al Gobierno de Estados Unidos que contará con el apoyo de Colombia si se respeta el derecho internacional, en caso contrario amenazó con “rehacer nuestra colaboración”.
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“En mi gobierno, Colombia no colabora con asesinatos. En mi gobierno se hace uso proporcional de la fuerza, como enseñan décadas de sabiduría humana en tratados aprobados mundialmente y que son parte de nuestra Constitución.”, puntualizó.
Ataque de Estados Unidos.
El Gobierno estadounidense afirmó que en esa acción militar había matado a once “narcoterroristas” del Tren de Aragua.
El Departamento de Defensa estadounidense ha indicado que esto solo es el inicio de una campaña contra los carteles de la droga que- sostiene- están controlados por el Gobierno de Venezuela.
Sobre esto, la portavoz de derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, sostuvo en Ginebra que esto no puede justificar su asesinato.
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“En cuanto a los delitos relacionados con drogas, para que quede claro, no se debe matar a las personas por consumir, traficar, vender o poseer drogas”, explicó.
La portavoz de la ONU agregó que la lucha contra el narcotráfico no debe escapar a los principios de legalidad y que los funcionarios son los responsables de cumplirlos.
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“Para ser claros, el uso intencional de la fuerza letal solo se permite como medida de último recurso contra una persona que represente una amenaza inminente para la vida”, recalcó.
Si hay muertes en una operación para aplicar la ley se deben investigar de forma independiente, rápida y transparente, sostuvo Shamdasani.
