La Contraloría General de la República advirtió por medio de un comunicado este lunes 1 de septiembre que la atención integral a la primera infancia indígena, especialmente de pueblos en riesgo de extinción, no está siendo eficaz ni pertinente.
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Esto luego de un estudio realizado llamado “Evaluación de la Atención Integral a la Primera Infancia Indígena en los Pueblos Declarados en Riesgo de Extinción Física y Cultural”, realizado por la Contraloría Delegada para Población Focalizada.
El balance detalla que el número de niños y niñas indígenas atendidos por programas de primera infancia aumentó en el 2024 respecto de 2023, pasando de 198.673 a 218.036 – de los cuales 162.187 pertenecen a pueblos en riesgo. Sin embargo, los porcentajes de cobertura de la Ruta de Atención Integral “RIA” disminuyeron en 8 de 10 servicios que la componen, dentro de los que se resaltan los siguientes:
- Menos del 50% recibió valoración integral en salud.
- Solo el 38% recibió valoración nutricional.
- Apenas el 29% tuvo formación familiar.
- Menos del 1% accedió a actividades recreativas.
Por otro lado, la Contraloría advirtió que el ICBF, que concentra más del 80% de la oferta, redujo la inversión en su modalidad propia e intercultural en pueblos indígenas. Pasó de $367.283 millones en 2023 a $252.768 millones en 2024, una caída del 31%, pese a que amplió cobertura a 19 municipios adicionales. Solo 145 de los 607 municipios con pueblos en riesgo recibieron inversión.
De igual forma, el estudio detalló que todavía nueve de los 41 pueblos indígenas en riesgo no acceden a esta modalidad, y más de 100 municipios con alta población infantil indígena siguen sin atención.
La entidad también indicó que aunque la modalidad propia del ICBF opera en zonas con altas Necesidades Básicas Insatisfechas, 419 municipios con alta población indígena y NBI superior al promedio nacional no cuentan con esta atención. Departamentos como Quindío, Atlántico, Norte de Santander y Santander no tienen cobertura con esta modalidad.
“La atención a madres indígenas gestantes también es deficiente. Del total de madres registradas en la RIA, solo el 23% recibió control prenatal y el 29% recibió aporte nutricional. Asimismo, el control prenatal es deficiente en los municipios que registran casos de mortalidad materna indígena (48% en 2023 y 72% en 2024), lo que coincide con el aumento de la mortalidad materna indígena en 2024”, se lee en el comunicado de la Contraloría.
La Contraloría destaca que aunque hubo una reducción del 47 % en muertes por desnutrición aguda en menores de 5 años indígenas, municipios como Uribia, Maicao, Riohacha, Cumaribo y Pueblo Rico siguen con “cifras críticas”. “La falta de datos actualizados sobre la población de 0 a 5 años indígenas impide una planificación y focalización adecuadas”, señala el estudio.
Asimismo, se señala que existe falta de articulación institucional y seguimiento. Modelos propios concertados como los del CRIC y AISO no se están reportando en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral, lo que impide evaluar su impacto. Esto representa una oportunidad de mejora en la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), reglamentado por el Decreto 481 de 2025, subraya la entidad.
“Con ocasión de la conmemoración del Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Indígena (26 de agosto), la Contraloría General de la República hace un llamado al Estado – en armonía con los pueblos indígenas, para traducir la protección constitucional reforzada de la niñez indígena en acciones efectivas y culturalmente adecuadas que contribuyan a disminuir las brechas y garantizar los derechos de esta población”, se lee.
