La Procuraduría General de la Nación suspendió, de manera provisional, al pastor Alfredo Saade, jefe de despacho de la Presidencia, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes.
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Con una decisión conocida en exclusiva por EL TIEMPO, el ente de control decidió apartar al jefe de despacho de Presidencia por tres meses del cargo, mientras investiga de fondo.
“Suspender provisionalmente del ejercicio del cargo de jefe de despacho presidencial a Alfredo Saade, en principio, por el término de tres meses, y solicitar al Presidente de Colombia que proceda a hacer efectiva esta medida cautelar”, dice el oficio de 26 páginas, con ponencia de Esiquio Sánchez.
De acuerdo con el ente de control, la medida busca garantizar la transparencia en el proceso y evitar una eventual interferencia en la investigación.
Saade, quien asumió recientemente como jefe de despacho presidencial, es señalado de presuntas irregularidades en la gestión del contrato de pasaportes, que ha generado controversia en el Gobierno Nacional.
Antecedentes del caso
La decisión de la Procuraduría de tomar cartas en el asunto ante la supuesta injerencia indebida de Saade tuvo un primer capítulo hace varias semanas, cuando se abrió investigación disciplinaria contra él y los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo.
Este fin de semana, EL TIEMPO reveló un oficio preliminar —sin las firmas del procurador Sánchez ni de sus compañeros de sala— con el que se alcanzó a alistar la suspensión de Saade. No obstante, el Gobierno publicó su hoja de vida como embajador en Brasil, lo que habría impedido que surtiera efecto la medida.
Sin embargo, este martes, tras no haberse oficializado su designación diplomática ni tampoco conocerse su renuncia al cargo de jefe de despacho, la Procuraduría oficializó la medida provisional, que deberá ser ejecutada por el presidente Gustavo Petro como jefe supremo en la Casa de Nariño.
La suspensión busca garantizar la transparencia en el proceso y evitar una eventual interferencia en la investigación, mientras se adelantan las actuaciones disciplinarias correspondientes.
