El Gobierno envió al de Nicaragua la solicitud formal para que extraditen a Carlos Ramón González, ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, involucrado en el mayor escándalo de corrupción del ejecutivo de Gustavo Petro.
Así lo informó este domingo el mandatario, que publicó una imagen del correo enviado el sábado por el encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Managua, Óscar Muñoz, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
“La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritaria con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial”, señaló Muñoz en el correo.
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El informativo Noticias RCN difundió el jueves pasado una imagen de la cédula de residencia nicaragüense de González, exjefe del partido Alianza Verde, y también una carta de la embajada colombiana al Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano en la que pide ayuda para “solicitar la carta de renovación de residencia” del exfuncionario.
Petro y la excanciller Laura Sarabia negaron que el Ejecutivo hubiera solicitado “algún tipo de privilegio” para González, quien dirigió el Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, antes de que se revelara su participación en el mayor escándalo de corrupción de este Gobierno.
A pesar de la divulgación de la carta de la embajada a la Cancillería nicaragüense, en la que intercede por González, el presidente ha intentado desmarcar a su Gobierno de cualquier responsabilidad e incluso pidió “a los medios aclarar su noticia”, que consideró “falsa”.
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González, de 66 años, tiene una orden de captura vigente desde el pasado 3 de julio por su presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo.
Según la Fiscalía, que lo imputó por los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, parte del dinero usado en el ilícito provenía de un contrato para la compra de cuarenta carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira.
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Militante del partido Alianza Verde y excompañero de Petro en la guerrilla del M-19, González supuestamente ordenó los pagos ilícitos a través de la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, según el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd.
