Una variedad de irregularidades encontró la Procuraduría en una visita a la Imprenta Nacional con la que se pretendía conocer en detalle los términos del contrato con el gobierno de Portugal para la expedición de pasaportes.
“Respuestas vacías, contradictorias y poco convincentes”, advierte que recibió la Procuraduría General de la Nación de parte de funcionarios de la Imprenta sobre la justificación de la necesidad y los estudios previos para la celebración del convenio.
En visita realizada a la Imprenta, el equipo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública encontró documentos “sin fundamentos” y otros que pusieron de presente la falta de aplicación del manual de contratación de la Imprenta, frente a la metodología, planeación, estudios previos y técnicos para la firma de dicho acuerdo, explica el Ministerio Público.
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Una de esas irregularidades se halla en la solicitud del sustento financiero para adquirir compromisos por más de 1.3 billones de pesos. El ente de control encontró que se “proyectó el uso de vigencias futuras hasta 2036 sin tener la autorización del CONFIS y de un documento CONPES, tal como lo ordena el estatuto orgánico del presupuesto”.
De igual modo, señalaron, no se presentó ante la junta directiva el procedimiento o los cálculos para estimar el valor del contrato.
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“Ante las inquietudes del ente de control, por la ausencia de actas de sesiones de la Junta Directiva y sus correspondientes firmas, que debían celebrarse de manera previa a la suscripción del acuerdo, la gerente de la Imprenta Nacional, no dio respuesta claras ni satisfactorias”, aseveró la Procuraduría que le ha venido haciendo seguimiento al caso desde que la Cancillería anunció dicha alianza.
Para el ente de control esta falta de claridad “apunta a la improvisación en la celebración del acuerdo”, además de “poner en riesgo la expedición de los pasaportes y graves afectaciones a los derechos de los colombianos”.
