El abogado Víctor Mosquera, representante legal del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, anunció que se presentará una denuncia penal contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas fallas en el esquema de seguridad que derivaron en el atentado contra el senador.
El senador Uribe Turbay permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe con pronóstico reservado, después de recibir un disparo a la cabeza por parte de un menor de edad. El hecho ocurrió dos días después de que se presentara la más reciente solicitud de refuerzo en su protección.
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Según Mosquera, “durante 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección”, siendo la última presentada el 5 de junio. El abogado denunció que las respuestas de la UNP eran repetitivas y negativas, alegando que el candidato “no representaba un riesgo” y que no podían asistirlo en sus desplazamientos.
La situación se agravó cuando la UNP cambió la clasificación de riesgo del senador. Mientras que en 2023 había sido catalogado con “riesgo extraordinario”, en 2024 esta condición no se actualizó pese a que en octubre ya era oficialmente candidato presidencial, lo que debería haber mejorado automáticamente sus condiciones de seguridad.
El caso más crítico ocurrió durante la conferencia de Asobancaria el 5 de junio en Cartagena, donde Uribe Turbay tuvo que viajar sin escoltas. “No autorizaron el viaje de sus escoltas y el equipo de seguridad. Y tampoco le dieron seguridad en Cartagena. Esto quiere decir que había un estado absoluto de indefensión”, explicó Mosquera.
El abogado cuestionó por qué el senador más votado en su momento mantenía un esquema de protección básico de congresista, cuando otros líderes sociales y personas cercanas al Gobierno cuentan con mayor seguridad. “¿Por qué no le entregan el mismo esquema que le han entregado a líderes sociales o a otras personas afines al Gobierno?”, se preguntó.
El director Augusto Rodríguez admitió en entrevista con Noticias Caracol que el esquema de 7 personas de protección y 2 vehículos blindados “no es suficiente para la protección de una persona que es precandidata presidencial”. También reconoció que durante el atentado, el senador estaba custodiado solo por dos unidades, un número “inferior al que se debería”.
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Sin embargo, Rodríguez negó las afirmaciones de Mosquera sobre las 23 solicitudes, argumentando que las peticiones eran para “reforzar apoyos cuando él viaja a otras ciudades”, responsabilidad que atribuyó a la Policía Nacional y no a la UNP.
Mosquera solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una nueva línea de investigación que no solo identifique a los autores materiales del atentado, sino que establezca “si por omisión el Estado dejó en indefensión a Miguel Uribe”.
El abogado recordó que la Corte Constitucional estableció en una sentencia la obligación de brindar protección especial a los miembros de la oposición, algo que considera no se ha cumplido. “Se puede decir en este momento que la oposición no ha recibido esos esquemas de protección diferenciados donde se proteja la vida e integridad personal”, concluyó.
Tanto la Policía como la UNP iniciaron investigaciones internas para verificar el cumplimiento de los protocolos establecidos para estos casos.
