La exconsejera para las regiones Sandra Ortiz le solicitó a la Corte Suprema de Justicia ser escuchada bajo declaración juramentada en medio de la investigación que se adelanta por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd.
La petición se produce luego de que la Fiscalía General de la Nación le haya cerrado la puerta a un principio de oportunidad.
En su momento, la Fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, Cristina Patiño, dijo que Ortiz “creó riesgos jurídicamente desaprobados, idóneos y sustanciales al transportar en dos oportunidades las sumas de 1.500 millones de pesos en efectivo para un total de tres 3.000 millones de pesos (unos 678.000 dólares)”.
La fiscal Patiño explicó que Ortiz recibió esos dineros “los funcionarios de la Unidad Olmedo López y Sneyder Pinilla derivados de la contratación ilícita de dicha entidad con destino al presidente del Senado de la República, Iván Name”.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la exfuncionaria recibió la plata en efectivo que “posteriormente la transportó en vehículos oficiales y entregó al entonces presidente del Congreso de la República (Iván Name), con pleno conocimiento del origen ilícito de los recursos”.
