Escándalo Odebrecht en Colombia: imputaciones y detalles del entramado de corrupción

BOGOTÁ | Hace un par de días, desde los Estados Unidos, el fiscal Francisco Barbosa anunció que se preparan 60 nuevas imputaciones por el caso Odebrecht y afirmó que este jueves revelaría detalles del expediente.

Y agregó que con las nuevas imputaciones quedaría prácticamente clausurado el caso Odebrecht en el país, donde ya se han hecho cerca de 110 imputaciones.

Por su parte el presidente Gustavo Petro aseveró hace un par de días: 'he ordenado a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EE.UU. y de Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval genera al Estado colombiano'.

La decisión orientada por Petro desde su cuenta de Twitter se produce luego de conocerse, el 10 de agosto, la determinación de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos comúnmente (SEC) de 'acusar al conglomerado colombiano Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Grupo Aval S.A., y a su filial bancaria Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). El Grupo Aval, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, acordó pagar 40 millones de dólares para liquidar los cargos de la SEC', como se señala en su comunicado de prensa.

El jefe de Estado, igualmente, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, si es necesario, 'reabrir los casos del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos'.

En este sentido, el mandatario señaló que los ciudadanos brasileños que 'incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia'.

Orientó el Presidente, igualmente, que 'los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana'.

Y añadió: 'La red de corrupción en la Ruta del Sol tiene un agravante: un Fiscal General de la Nación fue el abogado de la red, previamente, y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares, tal como lo denuncié en mi debate en el Senado de la República', dijo el presidente en su cuenta de Twitter.

El Caso Odebrecht en Colombia se refiere al escándalo de corrupción política desatado en Colombia a raíz del caso internacional investigado por la justicia de Estados Unidos por la entrega de sobornos millonarios a políticos, empresarios y exfuncionarios por parte de la multinacional brasilera Odebrecht.

En Colombia las dos grandes obras de Odebrecht de donde se desprenden las principales investigaciones fueron la concesión vial Ruta del Sol II y Navelena, contrato para la navegabilidad del río Magdalena. En dichas obras varios funcionarios públicos así como el Grupo Aval, se vieron supuestamente involucrados en sobornos para favorecer la adjudicación de las obras a la empresa brasilera.

Los sobornos también llegaron a permear las campañas presidenciales de 2014 y existen aparentes pruebas de posibles ingresos de dineros tanto en la campaña del entonces electo presidente Juan Manuel Santos como en la de su rival Óscar Iván Zuluaga, quien fue imputado hace un par de semanas por este caso.

El documento de las autoridades judiciales estadounidenses sostiene que en un periodo comprendido aproximadamente entre 2009 y 2014, Odebrecht efectuó e hizo que se efectuaran pagos por alrededor de 11 millones de dólares estadounidenses para asegurar contratos de obras públicas en el país. La empresa obtuvo beneficios de más de 50 millones de dólares como resultado de esos pagos corruptos. La compañía constructora tuvo presencia en Colombia desde el año 1991, y entre el año 2009 y 2017, realizó pagos corruptos para asegurar contratos de obras públicas.

Por otro lado, Jorge Enrique Pizano Callejas fue un ingeniero civil, egresado de la Universidad Javeriana, que fue auditor del proyecto Ruta del Sol II y es reconocido por haber sido testigo clave dentro del caso Odebrecht en Colombia, llegando a ser tildado por la prensa como 'el hombre que sabía demasiado' y es recordado por haber muerto en extrañas circunstancias. Después de su muerte se destaparon audios que había recaudado donde se evidenciaba el presunto conocimiento del entonces fiscal general sobre las coimas pagadas por Grupo Aval, socio de Odebrecht dentro del proyecto Ruta del Sol II.

Pizano falleció el 8 de noviembre de 2018, pero en principio se divulgó que su muerte habría sido por causas naturales, dado que este venía sufriendo de cáncer, y el escándalo comenzó cuando su hijo falleció tres días después luego de ingerir el contenido de una botella que estaba en la oficina de su padre, puesto que tal envase estaba envenenado con cianuro, e inmediatamente empezó a especularse sobre la posibilidad de que su muerte hubiera sido un homicidio que buscaba evitar que su testimonio salpicara a las altas esferas del poder en Colombia.

La Fiscalía informó hace un par de meses que tan pronto como el actual fiscal Francisco Barbosa Delgado asumió el cargo, dispuso la creación de un Grupo de Tareas Especiales, a cargo del coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para concentrar el proceso que estaba disperso en varios despachos fiscales. Esto ha permitido explorar de manera integral el entramado de corrupción de la multinacional brasileña en Colombia, identificar frentes investigativos que no se habían tenido en cuenta y actuar contra personas que aparecían relacionadas, pero no había ninguna acción judicial en su contra.

Desde esa reorganización a la fecha, en los últimos 33 meses, se han llevado a cabo 31 imputaciones (realizadas o en proceso) y se han obtenido 10 sentencias condenatorias.

El ente acusador afirma que en la investigación se estableció que Odebrecht Colombia suscribió un contrato ficticio de asistencia técnica desde el exterior con DCS Management, el 7 de julio de 2009, con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. En contraprestación se pactó el pago de 0,9% del valor del contrato.

La actividad prevista no se habría ejecutado; sin embargo, meses después de recibir del INCO el proyecto vial, la multinacional brasileña realizó giros por 10’890.000 dólares, a través de un banco de Estados Unidos, a una cuenta que la sociedad española tenía en la banca privada de Andorra.

El material de prueba indica que 94% del dinero recibido por DCS Management fue transferido a la empresa Klienfeld, que hacía parte de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Brasil, pero no estaba declarada ni reportada en los balances de la constructora. La Fiscalía estableció que este movimiento de recursos tendría como propósito que la multinacional brasileña recuperara o reembolsara a sus cuentas los 6,5 millones de dólares que pagó al ex viceministro de Transporte y exdirector del INCO, Gabriel Ignacio García Morales.