Caso Sarabia: ‘chuzadas’, abuso de poder, Clan del Golfo e ilegalidades de la Dijín

Explotó la caja de pandora en el seno del gobierno de Gustavo Petro. El escándalo que rodea a Laura Sarabia, jefa de gabinete, por el supuesto abuso de poder en contra de Marelbys Meza, su exniñera y principal sospechosa del robo de un maletín con 7.000 dólares, tomó ayer un camino mucho más escabroso e ilegal. Del polígrafo a las ‘chuzadas’. De ser niñera a ayudante del Clan del Golfo.

Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación, reveló –durante una rueda de prensa– que el teléfono de Meza fue interceptado de manera ilegal por la Dijín luego de que la número dos del Ejecutivo radicara la denuncia por el hurto.

'Al día siguiente (de la denuncia del robo) se asigna un número de noticia criminal que le corresponde a la unidad de hurtos de Bogotá. Esta fiscal inició entonces el estudio del caso. Como la fiscal no se prestó a interceptar a unas personas que le sugirieron, la Policía de la Dijín produjo rápidamente ese mismo día dos abonados telefónicos: de la señora Marelbys Mendoza y de la señora Fabiola, la persona que iba por días a la casa. E interceptan de manera ilegal', relató Barbosa.

'Hoy (ayer) es un día muy lamentable para el Estado de Derecho en Colombia. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado a Colombia', agregó.

Según Barbosa, el informe fue firmado por un miembro investigador criminal de la Policía Nacional, la cual 'está adscrita o su jefatura es de la Presidencia'.

En medio de la rueda de prensa, el funcionario reveló que a Marelbys Meza miembros de la Policía Judicial de la Dijín la hicieron pasar como cocinera de alias Siopas, uno de los jefes del Clan del Golfo.

En este caso, de acuerdo con la entidad, integrantes de la Dijín elaboraron un informe que indicaba la necesidad de intervenir los teléfonos de la exniñera del hijo de la jefe de Gabinete con el supuesto de que sería la cocinera de alias Siopas, cabecilla de la subestructura Jairo de Jesús Durango; y el de la persona que ayudaba en las labores domésticas porque estaría vinculada al componente logístico de alias Omar, segundo cabecilla del citado grupo armado.

'Las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan y posteriormente en la tarde, como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen un polígrafo que no tiene nada que ver con seguridad nacional', dijo Barbosa.

'Lo que acabo de decirles a ustedes es tremendamente grave para la democracia colombiana. Este caso no solo es aberrante desde todo punto de vista judicial, sino que es un caso que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, que es la violación de derechos humanos', agregó.

El ente acusador afirma que con este documento los uniformados indujeron a error a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Chocó, que obtuvo ante un juez de control de garantías autorización para interceptar las comunicaciones de las dos mujeres que 'no tenían nada que ver con lo que estaba plasmado en el informe de policía judicial'.

'Esta es la parajusticia. En Colombia se habla mucho del paramilitarismo, bienvenidos a la parajusticia en Colombia. Esto es abrirle un boquete para saltarse los mecanismos legales, para interrogarlas sin apoderado judicial. Esto es lo más grave que se ha producido contra los Derechos Humanos y contra la justicia en Colombia en los últimos años', precisaron.

Renglón seguido, la Fiscalía explicó que Armando Benedetti, embajador de Colombia ante Venezuela, será citado para que rinda declaración sobre los hechos.

'Va a ser citado a que nos ayude a corroborar los elementos que tenemos. Ya hay prueba técnica y hay elementos muy importantes para adelantar todas las acciones judiciales', precisó el fiscal Barbosa.

En total, según la Fiscalía, en la actualidad avanzan tres líneas investigativas distintas. Una, por la afectación al patrimonio económico de Laura Sarabia relacionada con la pérdida de un dinero en su vivienda.

Y la tercera, por la interceptación ilegal a las líneas de las dos extrabajadoras de la jefe de gabinete y demás actuaciones asociadas con esta irregularidad.

La Policía Nacional reveló en un comunicado de prensa que adelanta las investigaciones de rigor internas por el caso de la interceptación ilegal a Marelbys Meza. De acuerdo con la institución, la noche del 31 de mayo, el director de la Dijín entrante le informó al director general que un analista judicial de esa dirección había acudido ante la Fiscalía para rendir una declaración juramentada.

En este sentido, el analista les informó a sus superiores que el requerimiento obedecía a su actuación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado, el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó 'ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la Dijín'.

'Comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada', explicaron. Por su parte, la PGN inició actuación disciplinaria por interceptaciones ilegales.