El Heraldo
Cesar

Medida de aseguramiento contra gobernador del Cesar

El Tribunal Superior de Bogotá dictó medida preventiva contra el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por irregularidades en un contrato de alimentación escolar.

Medida privativa de libertad en su lugar de residencia impuso el Tribunal Superior de Bogotá contra el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, tras presuntas irregularidades en la celebración de un contrato destinado para la alimentación escolar.

De acuerdo con las primeras informaciones, la Sala Penal del alto tribunal acogió las evidencias suministradas por la Fiscalía en la que señala que el mandatario, al parecer, direccionó un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el año 2015, para el aporte nutricional de los estudiantes, todo esto habría generado el sobrecosto de  $2.983 millones.

“Los elementos probatorios advierten un total de nueve anomalías graves en las fases contractuales, entre ellas, se destaca presunta falta de planeación al firmar un contrato por 81 días y no por los cinco meses que dura un semestre escolar. Esto obligó a realizar prorrogas en tiempo y adiciones presupuestales”, señaló en el ente investigador.

Además presuntamente, no se acordó la cantidad de raciones que estaba dirigido en el contrato 0041 de 2015 que fue suscrito con un consorcio integrado por tres empresas, cuyo fin era brindar alimentación a los estudiantes en el área urbana y rural de este departamento.

Asimismo, supuestamente no se priorizaron las comunidades indígenas, ni se establecieron dietas ni complementos para los estudiantes en este contrato que tuvo como valor la suma de $34.632 millones y con un plazo de ejecución de 81 días hábiles, que habría sido firmado por $23.632 millones.

La Fiscalía dijo entonces que, “el material de prueba da cuenta que en la fase precontractual presuntamente existió un direccionamiento del contrato en favor de un consorcio específico al no existir un proceso claro de selección objetiva”, indicó la Fiscalía, y añadió que otra de las irregularidades que se pudo demostrar fue que se “habría asignado un rubro para la contratación de 1.752 manipuladoras de alimentos, aunque en realidad tan solo eran necesarias 350″.

Dicha decisión del Tribunal de Bogotá se dio porque según la Fiscalía, el Gobernador aparentemente “orientó la contratación, benefició al consorcio y no supervisión el proceso contractual, tal y como lo exige la ley”, y delegó a otro funcionario, incurriendo en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

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