Este jueves se ha conocido la Alerta Temprana 009 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo, para el municipio de Chiriguaná, centro del Cesar, al comprobar una grave situación de violencia derivada de las estrategias de control social y dominio territorial del Ejército Gaitanista de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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De acuerdo con la entidad defensora de Derechos Humanos, la disputa por el territorio entre las dos estructuras antes mencionadas puede llevar a una confrontación armada, que vulneraría los derechos fundamentales, como a la vida, libertad, integridad y seguridad, de su población urbana y rural.
Adicionalmente, en Chiriguaná hace presencia el Frente 41 Cacique Upar, disidente de las extintas Farc, que no formaría parte de ningún grupo mayor de las actuales disidencias con resonancia nacional, por lo que tendría interés en consolidarse en el lugar.
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“A lo mencionado se suma el hecho de que grupos delictivos organizados tienen conexiones con estructuras del crimen de alto impacto. Estas dinámicas afectan seriamente a la población civil, la expone a homicidios selectivos, desplazamientos forzados, amenazas, cobro de extorsiones y restricciones a la movilidad y libertad”, indica la Defensoría del Pueblo.
Destacan que las poblaciones más vulnerables a la actual situación son las personas socialmente estigmatizadas, pescadores ancestrales artesanales, el campesinado, afrodescendientes, personas que ejercen liderazgos sociales, defensoras y defensores de derechos humanos e integrantes del pueblo indígena Zenú.
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En cuanto a la ocurrencia de los homicidios entre 2023-2025, con un registro de 20 casos, de estos, 11 son atribuidos al EGC (como método de la mal llamada ‘limpieza social’), cinco fueron cometidos en contextos de criminalidad, de tres sería responsable el ELN (cuyas víctimas fueron un exmilitar, un ex-Farc y, presuntamente, un exparamilitar) y uno tendría como autor a un grupo disidente (la víctima, un exparamilitar).
El riesgo principal está para la zona urbana y sus corregimientos Poponte, Rinconhondo, con ocho veredas; La Aurora, con cinco veredas, y La Sierra, con 11 veredas.
“Dado el nivel de riesgo extremo, la Defensoría del Pueblo les formuló 31 recomendaciones a los entes estatales competentes, como los Ministerios del Interior y de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Chiriguaná, entre otros, con el propósito primario de que pongan en marcha acciones urgentes, bajo la perspectiva de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH)”, puntualizó la Defensoría del Pueblo.
