Sentido de fallo condenatorio profirió el Juzgado Segundo Penal con funciones de conocimiento de Valledupar en contra de la exalcaldesa de Becerril, en el Cesar, Yaneth Sáenz Fuentes, al hallarla responsable de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos legales.
El despacho judicial además ordenó la captura de la exmandataria para aplicarle la sentencia. La investigación la inició la Fiscalía, luego de que la Contraloría General de la República descubriera un detrimento patrimonial en la celebración de un contrato por parte de la administración municipal para la construcción de 300 viviendas, a través del proyecto Ecociudadela, el cual finalmente no se ejecutó.
De acuerdo con el ente acusador, el Municipio, a través de Yaneth Sáenz Fuentes, alcaldesa encargada para el año 2009, suscribió el convenio Nº 011 del 8 de mayo de ese mismo año, con la Fundación para el Trabajo y el Desarrollo Comunitario Funsoc, para la construcción de las viviendas, por un valor cercano a los $1.000 millones. Para ello la Fundación solo iba a entregar el lote donde se iban a construir las casas.
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La Fiscalía encontró que el convenio fue celebrado bajo la modalidad de contratación directa obviando la modalidad de selección como lo es la licitación pública.
Otra de las inconsistencias halladas fue una serie de modificaciones al contrato como el cambio del interventor externo de la obra, por uno designado por la misma Fundación, 'violando de esta forma el artículo 32 de la Ley Ley 80 de 1993, en el entendido, que la interventoría debe ser una persona independiente del contratista y el contratante', dijo la Fiscalía.
Igualmente señaló que 'se estableció que el lote de terreno donde debía construir las viviendas, se encontraba invadido, por lo que la Fundación no estaba cumpliendo con lo acordado, así que iniciada la obra el 28 de agosto de 2009, fue necesario la suspensión el 31 de agosto de 2009 con la utilización de la falsificación de la firma del interventor, ello, con el ánimo de anotar cláusulas favorables al contratista, como la renuncia a la declaratoria de incumplimiento de contrato ni hacerle efectiva la cláusula de caducidad'.
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En este sentido otra de las anomalías evidenciadas por la Fiscalía es que supuestamente para la obra compraron materiales en una ferretería, por un valor de $396 millones, pero al verificar esto no era cierto.
'El municipio de Becerril se ha visto afectado por la suscripción del convenio que no solo causó no solo un detrimento patrimonial sino que 300 familias se vieron afectadas al no desarrollarse en debida forma como lo prometió la administración municipal', dijo el fiscal del caso.
Entre tanto la defensa indicó no estar de acuerdo con el sentido del fallo y anunció que presentará recurso de apelación. La audiencia de lectura de fallo quedó fijada para el próximo 7 de octubre.
