El Heraldo
Dos de los capturados son conducidos a la audiencia de imputación de cargos. Javier García
Bolívar

Once capturados por el fraude de Corelca en Cartagena

Ya van 33 personas detenidas en este proceso del que hacen parte una notaria, una registradora de instrumentos públicos, un exalcalde y exfuncionarios de la Fiduprevisora.

Con las 11 personas capturadas recientemente por parte de la Fiscalía, en una labor conjunta con la Policía, en el reconocido caso de la defraudación de un predio en la ciudad de Cartagena, entregado por la extinta Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, ya son en total 33 las personas detenidas en este caso desde el año 2012.

El pasado viernes los capturados fueron trasladados al Centro de Servicios Judiciales donde se legalizó su captura. Para este domingo, a las a las nueve de la mañana, se tienen previstas las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

En estas nuevas capturas se encuentran una notaria, una registradora de instrumentos públicos, abogados, empleados judiciales, un veedor ciudadano, un exalcalde y exfuncionarios de Fiduprevisora.

Desde 1998

Los hechos de este proceso se originaron desde el año 1998 cuando dicha compañía amplió sus redes eléctricas en zona rural de Mompox y otros municipios de Bolívar sobre predios, cuya propiedad, posesión o tenencia estaban a nombre de particulares.

Javier García.

Corelca eludió los procesos judiciales necesarios para legalizar la extensión de sus redes y se negó entonces a indemnizar a los dueños, poseedores o tenedores de los predios. A raíz de lo anterior, en el año 2000, un total de 63 familias afectadas demandaron civilmente a la entidad, solo 13 de estas lograron que la empresa fuera condenada.

Mediante procesos ejecutivos contra Corelca, la empresa fue obligada en 2009 a pagar indemnizaciones por $14.000 millones. Ante este fallo, la electrificadora ofreció dar en pago el terreno en Mamonal que acababa de ser embargado y que está ubicado en el sector de Cospique de Cartagena cuyo valor catastral para el 2009 era de $18.000 millones.

Por la labor de seguimiento se estableció entonces que el predio fue comprado por la firma Conequipos Ltda, cuyo gerente para la época era Luis Orlando Barragán Gómez, por $7.000 millones; es decir, a un precio bastante inferior. De este último valor se cancelaron más de $1.000 millones en impuestos, suma que debió haber cubierto Corelca.

La Fiscalía estableció que para materializar esa venta se concertaron el juez de Mompox, el abogado demandante, el notario 10 de Barranquilla, el gerente de Corelca, personas particulares, un veedor ciudadano, la Registraduría de Instrumentos Públicos de Cartagena, el gerente de Conequipos y su abogado asesor Naryan Fernando Alonso Bejarano.

Los presuntos implicados estarían cometiendo delitos como prevaricatos, falsedades, fraudes y cohecho por dar u ofrecer y engañar a los campesinos beneficiarios de las condenas de Corelca.

Dentro de los procesos ejecutivos que se iniciaron en Mompox contra Corelca se embargaron 10 predios en la Isla de San Andrés. Luego de iniciadas las investigaciones, y de que Corelca en liquidación se constituyó en víctima en los procesos penales, la empresa solicitó y logró de forma irregular el desembargo de estos bienes para anexarlos al trámite liquidatorio.

Varios de los capturados por el caso Corelca son custodiados por la Policía Nacional. Javier García

Proceso por etapas

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Jorge Enrique Rodríguez, sostuvo que con estas detenciones se llega a un total de 33 capturas, siendo esta la cuarta fase de esta operación adelantada por el grupo de fiscales anticorrupción del área de la Dirección de Delitos contra la Función Pública.

El oficial destacó que la primera fase se desarrolló en el año 2012 cuando se concretaron ocho capturas, entre ellas la Registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, el Juez Promiscuo de Mompox, cinco abogados y el gerente de Corelca. Seguidamente, se desarrolló una segunda etapa, en mayo de 2013, en donde se hicieron efectivas otras ocho órdenes de capturas entre quienes están dos notarios de la ciudad de Barranquilla, tres abogados, el secretario de un juzgado, el gerente de Conequipos y un investigador.

En la tercera, en junio de 2014, se lograron capturar a otros seis investigados; entre ellos, dos jueces de Bogotá, dos funcionarios de Conequipos.

El general precisó que estas capturas han obedecido a una exhaustiva investigación que se ha venido adelantando y que se espera que en las próximas semanas arroje otros resultados favorables.

Otro de los capturados. Javier García

Los capturados

Entre los once capturados se encuentran, Saúl Mondol González quien es secretario de un juzgado del circuito y a quien se le imputarán los cargos de prevaricato por acción, falsedad idelógica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros. De igual forma, a la Notaria Quinta de Cartagena, Elith Isabel Zúñiga Pérez y Emerson Torres Bolaño, empleado de esta notaria, se les imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y cohecho propio.

La registradora de Instrumentos Públicos de San Andrés, Carmen Violeta López Cárdenas, se le imputarán los cargos de prevaricato por acción y fraude a resolución judicial; asimismo, también a Néstor Raúl Yepes, empleado de la oficina de reparto de los juzgados civiles y laborales, quien en dos oportunidades habría recibido dinero para vulnerar el reparto de una acción de tutela y direccionarlo a los jueces específicos; tres exempleados de la Fiduprevisora, Carlos Alberto Parra Satizabal, Gerardo Mauricio Cortés Pomar, Javier Alexander Colmenares Ardila, encargados de la liquidación de Corelca, se les imputarán los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, fraude a resolución judicial y coautores impropios de prevaricato por acción.

Por último, el veedor ciudadano ‘No a la Corrupción’, Arnulfo Molina Polo, contribuyente en forma irregular al trámite de una acción de tutela y solicitar por ello una fuerte suma de dinero, se le imputarán los delitos de concusión y coautor de prevaricato por acción y peculado por apropiación.

Y finalmente el abogado y exalcalde del municipio de El Guamo, Bolívar, Javier Eduardo Angulo Romero, a quien le imputarán los delitos de cohecho por dar u ofrecer y falsedad ideológica en documento público.

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