La génesis de la guerra que se libra en el sur de Bolívar
Los enfrentamientos en esa zona de la región Caribe han provocado el desplazamiento de unas 1.500 personas en la última semana. EL HERALDO explica las causas que detonaron la movilización.
Oro, costa fluvial y una gran reserva natural hacen del sur de Bolívar uno de los territorios más importantes del país, pero al mismo tiempo esos mismos atributos lo convierten en un escenario dominado por la codicia. Desde hace décadas, diferentes grupos armados han querido consolidar su poder en la zona para poseer esas tierras, pero la irrupción constante de otros ha hecho de esa región del Caribe un verdadero campo de batalla.
En los últimos días se han llevado a cabo enfrentamientos que han obligado el desplazamiento de cerca de 1.500 personas (350 familias) de los municipios de Santa Rosa, Montecristo, Morales y Arenal. Estas personas huyen de sus territorios en busca de seguridad y refugio como un mecanismo de defensa para no quedar en medio del fuego cruzado.
En esa región, según las autoridades, vienen haciendo presencia miembros del Eln, disidencias de las Farc y reductos del Clan del Golfo: todos se estarían peleando el control del cinturón minero, los cultivos de coca y las diferentes rutas para sacar la droga de esa zona del país.
EL HERALDO conoció el detonante de la reciente guerra que se disputa allí, y accedió a la información que manejan las autoridades con relación al diagnóstico de los recientes hechos.
Desde mediados de 2020, integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Frente 37 de las Farc irrumpieron en la zona baja del territorio y fueron desplazando a los miembros del Frente ‘Luis José Solano Sepulveda’, del Grupo Armado Organizado del Eln, que desde hacía años dominaba la zona.
“A finales de 2020 la fuerza pública pudo contener la avanzada del frente 37 de las Farc, pero el número de hombres y armamento de este grupo era mayor al del Eln y los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte no podían arremeter en toda la zona debido a la presencia de civiles. Eso hizo que su avanzada por el territorio fuera inminente”, dijo una fuente judicial a este medio.
El desplazamiento
Según fuentes judiciales, que realizan labores de inteligencia en la zona, el desplazamiento que se está dando en el sur de Bolívar “no es espontáneo” y estaría siendo motivado por el Eln como una estrategia de ese grupo para recobrar su poder en la zona.
“Hay una federación del Eln que tiene listado y obliga a las familias a abandonar su territorio. Todo se da para que la fuerza pública llegue al terreno y pueda repeler a las Farc para ellos poder ocupar de nuevo la zona”, dijo el informante.
Este medio pudo conocer que los miembros del Eln se movilizan con los desplazados y están atentos a la información que ellos entregan durante las entrevistas que sostienen con las autoridades que atienden la crisis.
Precisamente, el pasado martes una comisión de la Defensoría Regional Magdalena Medio sostuvo un diálogo interinstitucional con miembros de la fuerza pública, autoridades territoriales y voceros de la comunidad del sur de Bolívar que se encuentra en condición de desplazamiento forzado para buscar soluciones a la situación.
El Defensor del Pueblo Regional, Didier Rodríguez, en diálogo con EL HERALDO manifestó que su oficina se encuentra articulando acciones para atender aspectos de primera necesidad que garanticen el retorno seguro de dichas familias a sus territorios.
“Nosotros verificamos que hay más de 1.000 personas en el coliseo de Santa Rosa. Allí establecimos un diálogo de confianza con los voceros de los desplazados para atender sus requerimientos. Ellos nos manifestaron su angustia y la zozobra que se vive en las zonas donde residen, y esto se refleja con los homicidios que se han presentado”, dijo el funcionario.
Sin embargo, detalló Rodríguez que estos escenarios ya habían sido advertidos por la Defensoría en dos alertas tempranas y en un oficio de prevención que fue enviado a la Gobernación de Bolívar y las alcaldías de los municipios que hacen parte del cinturón minero del sur del departamento. “Ellos más que presencia militar, piden presencia del Estado y que se traduzca en temas sociales de atención, de salud y educación para solventar la crisis. Lo que se vive en esas zonas es bastante complejo y amerita una atención interinstitucional”, resaltó el defensor Regional.
Atención
El director de Seguridad y Convivencia de Bolívar, José Ardila, indicó que la génesis de lo que está pasando en la actualidad se avizoraba desde el año pasado, cuando una serie de enfrentamientos dejó varias personas muertas.
Para el funcionario, la presencia de la Fuerza Marte ha sido fundamental en la zona, toda vez que las acciones que lleva a cabo “han impedido la expansión del Eln en ese territorio”.
“Estos grupos armados cobran grandes gramajes a los empresarios que ejercen la actividad minera en la zona, pero también quieren manejar los cultivos ilícitos y el corredor de movilidad que se genera desde esa zona y hasta Antioquia y Cesar para salir al Catatumbo”, expuso Ardila.
Ante ese escenario, y a pesar de los anuncios de las inversiones que se van a realizar en los ejes viales con los recursos de regalías, el funcionario dijo que no se han podido controlar las acciones de esos grupos, por lo que pide una mayor ayuda del Gobierno y del Estado para poder disminuir los escenarios de violencia.
“Reconocemos una población que está en vulnerabilidad, en la mitad de unos actores ilegales y de unas economías ilícitas que financian estos brotes de violencia”, detalló el director de Seguridad y Convivencia de Bolívar.
Las autoridades tienen previsto que las familias desplazadas retornen a su territorio de origen durante la semana entrante.
Una masacre
Las autoridades aseguran que la primera arremetida del Frente 37 se dio el 28 de diciembre de 2020, cuando integrantes de ese grupo asesinaron a cinco personas en la vereda Quebrada Honda, del municipio de Montecristo. Entre las víctimas había un bebé y una excombatiente de las Farc.
Los enfrentamientos en esa zona no cesaron durante los últimos 8 meses, y el pasado 11 de julio el Eln asesinó a 14 personas. “Este dato había estado bajo reserva de las autoridades y solo se pudo recuperar siete de esos cuerpos, los demás no sabemos dónde están”, dijo la fuente.
“Entre esas personas que asesinaron estaba un hermano de alias Colacho, cabecilla residual del Frente 37 de las Farc, y en represalia ‘Colacho’ mandó a matar a la mujer de ‘Santiago’ y al hijo de alias Ponchera, quienes eran integrantes del Eln, específicamente del frente ‘Guillermo Ariza”, dijo la fuente a este medio. Desde ese momento comenzó el desplazamiento.
Los cuerpos de estas personas fueron transportados por el presidente de una JAC, Oswaldo Pérez, quien posteriormente fue asesinado a finales de julio, “como retaliación de las Farc por haber ayudado a los miembros del Eln”.
Un líder social, bajo reserva, indicó que varios de los habitantes de esos territorios del sur de Bolívar tienen “nexos afectivos y familiares” con integrantes del Eln, dado que la presencia de este grupo en esa zona “está bastante arraigada”.
“Ellos no denuncian la situación porque están acostumbrados a vivir con un solo grupo armado en el territorio que les provee trabajo en los cultivos y es por eso que terminan no solicitando la presencia de la fuerza pública, porque saben que al realizar operaciones contra ese grupo se podrían quedar sin su sustento”, manifestó el líder.
La Defensoría del Pueblo ha advertido, en dos alertas tempranas, de la presencia en la región de los grupos armados ilegales.
Las alertas emitidas por la entidad advierten de una mayor actividad armada en las estribaciones orientales de la Serranía de San Lucas, área que comprende los municipios de Morales, Arenal, Norosí, Tiquisio y Montecristo.
Las alertas, además de poner en contexto la situación de violencia, también detallan la estigmatización a líderes sociales y dan cuenta de la difícil situación que deben afrontan los jóvenes de la zona, ya que sus instituciones educativas carecen de una planta docente completa, además de presentar problemas en la alimentación escolar.
