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Personas caminan por la hacienda Las Pavas, ubicada en el sur de Bolívar.
Archivo EL HERALDO
Bolívar

Juzgado de Cartagena deja libres a acusados en caso Las Pavas

Algunas de las personas en libertad han sido acusadas de desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado, en medio de la disputa por los terrenos de la hacienda.

Un sorpresivo giro dio esta semana el sonado caso que involucra a 124 familias del corregimiento Buenos Aires, en el sur de Bolívar, y a la empresa de palma Aportes San Isidro en una vieja disputa por los terrenos de la hacienda Las Pavas.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena decidió dejar en libertad y absolver a Gustavo de Jesús Sierra, Mario Mármol, los hermanos Gregorio y Santander Martínez, Luis Alberto Machuca y a Gustavo Pérez, algunos de estos empleados de Aportes San Isidro y acusados por la Fiscalía y la Asociación de Campesinos de Buenos de Aires (Asocab) de los delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado, en medio de la disputa legal por la titularidad de Las Pavas.

En un comunicado, la empresa Aportes San Isidro celebró la decisión y la calificó como un triunfo en esta larga batalla legal. 

“Fueron 10 años de atropellos y violaciones de derechos fundamentales, como el de la propiedad privada, derecho de defensa, debido proceso, atentados contra la libertad de varias personas campesinas que nada han tenido que ver con los delitos investigados por la Fiscalía General de la Nación, acusados con meras conjeturas, sin soporte probatorio alguno, y que hoy pueden volver al seno de sus familias tras haber sido confinados de manera injusta por más de dos años en una cárcel”, dice la comunicación de la empresa, que adquirió las tierras de la hacienda Las Pavas hace cerca de 15 años, pese a que sobre ellas había empezado a correr un proceso de extinción de dominio por los supuestos vínculos entre los antiguos propietarios y el paramilitarismo.

Juan Felipe García, abogado de los campesinos de Buenos Aires, aseguró en diálogo con EL HERALDO que desconocen completamente este fallo y que aún no han sido notificados al respecto.

“Nosotros no hemos sido notificados, nos comunicamos con el fiscal del caso y ellos tampoco han recibido información (…) De ser así, es evidente que estamos ante una grosera filtración, pues la parte afectada no ha sido notificada, y eso es absolutamente anómalo e irregular”, puntualizó el abogado, al tiempo que agregó que en caso de que la sentencia sea absolutoria para todos los implicados, no dudarán en apelar la decisión emitida por la juez Mercedes Bueno Bustos.

García también señaló que le parece “desconcertante” que los procesados Gustavo Sierra y Mario Marmol estén ad portas de recibir la libertad, pues sobre ellos “existen pruebas contundentes” de sus acciones intimidatorias en contra de los campesinos.

“Tan contundentes fueron las pruebas que la Procuraduría pidió sentencia condenatoria por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado en contra de estos dos señores”, sostuvo.

EL HERALDO intentó comunicarse con la juez del caso, pero no tuvimos respuesta. Funcionarios del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena explicaron que este proceso se encuentra en etapa de notificación, y que solo hasta hoy lunes se podrán conocer más detalles.

Terreno baldío

Este reciente fallo penal emitido en el polémico caso Las Pavas no tiene que ver con la disputa legal que también corre sobre la titularidad de las tierras utilizadas por la empresa Aportes San Isidro para la siembra de palma africana.

El 25 de agosto de 2017, el Consejo de Estado dejó en firme la decisión de Incoder, que mediante la resolución 2284 de 2012, declaró baldías 1.138 hectáreas pertenecientes a la hacienda Las Pavas. Este fallo fue recibido con regocijo por las 124 de familias de Buenos Aires que argumentaban que previo a la llegada de Aportes San Isidro, y ante el abandono de sus antiguos propietarios por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, ellos hacían uso de estas tierras para sus cultivos de yuca, ñame y maíz, entre otros.

El proceso penal en contra de Sierra y los otros sindicados se inició en mayo de 2017 y finalizó en octubre de este mismo año. Las partes estaban a la espera del fallo.

 

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