Fiscalía investiga caso de menores que ingirieron licor en Cartagena
La Fiscalía inició las investigaciones para determinar cuál fue la participación de las mujeres en el hecho. Hasta ahora fueron sancionadas de forma pedagógica.
El panorama jurídico que podrían enfrentar las madres de las menores de seis años que ingirieron licor en Cartagena está en trámite y se podría concretar una vez que la Fiscalía General de la Nación determine cuál fue la participación de las mujeres en el hecho que, según la Policía de Cartagena, ocurrió en la noche del pasado 31 de diciembre en un sector del barrio Olaya Herrera, en el suroriente de la capital de Bolívar.
Para esclarecer el caso, el ente de investigación tomará como principal prueba el video de 29 segundos que el pasado domingo se viralizó y que motivó las reacciones de todas las entidades encargadas de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.
También servirá de elementos en las indagaciones los diferentes testimonios que las madres de las menores y testigos puedan suministrar a lo largo de las diligencias. Para todas esas etapas del proceso la Fiscalía designó un fiscal especial de Infancia y Adolescencia que contará con el apoyo de la Policía Judicial.
Las autoridades buscan además indagar quién organizó la fiesta y permitió la circulación de las botellas que pudieron contener bebidas alcohólicas. La reunión, al parecer, fue organizada para niños, pues en el video se evidencia una gran cantidad de menores.
Aunado a la labor del ente investigador, la Defensoría del Pueblo, a través de su titular, Carlos Camargo, anunció que pusieron a disposición un equipo de la entidad para hacerle seguimiento a este caso.
“Reiteramos la corresponsabilidad que asiste a la familia, la sociedad y al Estado en la protección de su integridad”, dijo la Defensoría a través de la cuenta de Twitter, al tiempo que rechazó la vulnerabilidad de los derechos de las menores.
“El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hace un llamado al comisario de familia que atiende el caso a tomar medidas inmediatas”, señaló la entidad en la red social.
Al tiempo, la directora general del ICBF, Lina Arbeláez, reiteró la necesidad de que la familia, la sociedad y el Estado “protejan” y “garanticen” los derechos de los menores del país.
“Hemos actuado de la mano de la Policía de Infancia y Adolescencia. Amonestamos a las madres de familia de las dos menores de edad. Así mismo se compulsó copias a la Fiscalía por la posible comisión de un delito. Tenemos que ser conscientes de la garantía y la protección de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes de Colombia”, dijo Arbeláez.
Lo legal
El abogado penalista José Moreno sostuvo que el caso podría derivar en sanciones policivas, tal y como lo estipula el artículo 38 numeral 5 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que sanciona los comportamientos tentativos a “facilitar, distribuir, ofrecer o comercializar bebidas alcohólicas a niños, niñas o adolescentes”.
“Por un lado, se podrían imponer sanciones a los establecimientos de comercio que incurran en estas conductas, tales como multas o cierres temporales. Ahora bien, si son los padres quienes suministran, administran o facilitan las bebidas alcohólicas, podrían ser sancionados con la pérdida de la custodia de los menores a través de un proceso administrativo, de tal manera que se pueda garantizar el restablecimiento de los derechos del menor”, explicó el jurista.
Moreno indicó que, en principio, en el caso en concreto y al ser un tipo penal en blanco, la adecuación típica no es clara y por lo tanto no habría delito, así las cosas serían tanto el derecho de familia como el policivo, este último a través de sanciones administrativas, los caminos más adecuados para imponer las sanciones pertinentes.
Ahora, el abogado aclaró que existe en el Código Penal colombiano, en el artículo 381, la tipificación del delito de “suministro a menor” y que es aplicado a aquella(as) persona(as) que “suministre, administre o facilite a un menor droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla”, estableciendo una pena de prisión de 8 a 18 años.
“Ese artículo tiene una tendencia a combatir el narcotráfico y no la venta de alcohol a menores de edad, pero este último está estipulado por varias organizaciones como una droga que genera dependencia. En este caso, los padres directamente no la suministraron o administraron, pero sí se podría decir que facilitaron que el alcohol llegara a las manos de los menores. En este caso la conducta de las madres podría verse como una acción por omisión, al dejar que las menores asistieran e ingirieran las bebidas y no ejercer su posición de garante frente al menor y deber objetivo de cuidado”, detalló el abogado.
Añadió el jurista que “habría que analizar hasta qué punto llegó la omisión de los padres para que esto ocurriera, para poder determinar la responsabilidad de los mismos. De igual forma, también se debería analizar si podría existir o no una pena natural para los padres al perder la custodia de los menores.”
Lo anterior, teniendo en cuenta que un concepto de la Organización Mundial de la Salud cataloga las bebidas embriagantes como droga, ya que contienen alcohol etílico y etanol, lo cual genera adicción y alteración al sistema nervioso.
Intervenciones. Armando Córdoba, secretario de Participación y Desarrollo Social de Cartagena, informó que las mamás de las niñas recibieron una sanción pedagógica y el caso también está siendo llevado por una comisaría de familia.
“Debió ser una sanción más ejemplar debido a que el caso involucra niños, quienes gozan de una protección especial. Los esfuerzos que se puedan dar desde todos los campos son importantes”, señaló Córdoba.
El funcionario hizo un llamado a los padres de familia para que presten mayor atención a los derechos de los menores. “Hay que velar por la inocencia de los niños y niñas, ellos no pueden ser sometidos a circunstancias que los expongan y los vulneren”.
Córdoba indicó que en los próximos días, el Distrito, de la mano del ICBF, “fortalecerá la presencia institucional en la Localidad de La Virgen y Turística, en aras de continuar con nuestra labor pedagógica y preventiva”.
Un análisis
De acuerdo con los resultados del reciente Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, el alcohol es la sustancia de mayor uso en el país, con un 30,1% de consumo en las personas encuestadas.
La mayor tasa de uso de alcohol en el último mes se presenta entre los adultos de 25 a 34 años con el 39,7%, los jóvenes de 18 a 24 años presentan un consumo del 38,3%. Los adolescentes de 12 a 17 años son quienes menor tasa de consumo presentan, del 12,1%.
En ese sentido, Jair Vega, sociólogo y profesor de la Universidad del Norte, afirma que el tema de las menores ingiriendo licor es “algo complejo” en el sentido de que se “ha normalizado” la cultura del consumo de licor en el país.
“Esto no se ve como algo negativo, de hecho, la acción de embriagarse es un tema que no es un tabú, sino algo natural. Celebración que se respete está mediada por el consumo del alcohol y si le preguntamos a un adulto si siendo menores ingirieron licor un gran porcentaje contará su experiencia, incluso con humor”, dijo el experto.
Por lo tanto, destacó el experto que el caso particular de las niñas lo que ocasionó el escándalo fue que quedó grabado y eso puso en evidencia “la valoración de la infancia y sus derechos”.
“Valorar los derechos de los niños es algo que tiene poco tiempo en la historia, apenas se están valorando esos derechos, antes maltratar a los menores era visto como algo normal. Ahora ese tema está ligado con la valoración, pero al mismo tiempo vemos a adultos que en todos los estratos ingieren licor frente a un menor y los niños terminan imitando esta situación”, explicó Vega.
En cuanto al tema del baile, el académico señaló que eso no puede ser visto “como algo escandaloso”. “Eso hace parte de una cultura y quienes le ponen morbo a los movimientos son los adultos. Los niños disfrutan sus bailes y no hay que darle una mirada moral. En el carnaval las niñas hacen parte de comparsas de mapalé, de champetas, y se le ve como algo normal”, apuntó Vega.
El polémico video
El material audiovisual que circuló el pasado domingo generó indignación, pues se observa a varios niños bailando champeta y con botellas de cervezas en sus manos.
Las imágenes fueron grabadas en una fiesta y en ellas se ven a los menores bailando sugestivamente entre ellos y a varios adultos observando la escena.
En el video se puede apreciar a una de las niñas cuando se lleva una botella a la boca y hace un movimiento que deja ver los efectos de la supuesta bebida alcohólica.
Cartagena es la primera ciudad donde se ha capturado a una persona en flagrancia por el delito de “suministro a menor”, al ser sorprendida en el barrio El Pozón, suroriente de la ciudad, dando licor a uno.
