Migración Colombia expulsó del país, y en especial de la ciudad de Cartagena, a una ciudadana estadounidense cuya estadía en esta zona estuvo marcada por denuncias, conflictos con hoteles, reiterados comparendos y una polémica denuncia de robo.
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Todas estas denuncias terminaron por afectar el orden público y la convivencia en zonas turísticas de la capital de Bolívar, por lo que Migración Colombia se vio en la obligación de tomar la medida administrativa.
De los comportamientos de la extranjera dieron cuenta informes y reportes de la Policía Nacional, la Secretaría de Turismo del Distrito y varios prestadores de servicios turísticos. La ciudadana acumuló al menos cuatro órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia, en los términos previstos en la Ley 1801 de 2016.
“Los ciudadanos extranjeros que visitan el país deben respetar a las autoridades y las normas de convivencia. Cualquier conducta que altere el orden público o afecte la tranquilidad de las comunidades podrá derivar en sanciones, incluida la expulsión del territorio nacional”, manifestó Deirdre Rosa Castro Gutiérrez, directora de la Regional Caribe de Migración Colombia.
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Las alertas sobre la presencia de la extranjera comenzaron a generarse tras varios episodios registrados en distintos establecimientos turísticos de Cartagena. Según los reportes, la mujer se hospedó inicialmente en el Hotel Palma Bahía, ubicado en el sector de Bocagrande, donde presuntamente se negó a cancelar consumos y hasta el alojamiento, lo que obligó a la intervención de la Policía Nacional para su retiro del establecimiento. Posteriormente, en el Hotel Pinar del Mar, dejó una deuda cercana a los 560.000 pesos colombianos, y daños materiales en el establecimiento, lo que generó nuevas quejas ante las autoridades.
También solicitó hospedaje en el Hostal Marbella 47, en el barrio Marbella, donde la extranjera llegó en horas de la madrugada asegurando haber sido víctima de un robo en el lugar donde se hospedaba y manifestando no tener dinero ni siquiera para pagar el taxi que la había llevado al lugar, mostrando supuestos soportes de una denuncia por hurto ante la Fiscalía.
Confiando en su versión, el hostal le permitió alojarse e incluso le brindó alimentación y apoyo económico para movilizarse en la ciudad, pero seis días después de su ingreso, la extranjera no había realizado ningún pago por los servicios prestados que equivalían a 795.000 pesos colombianos, lo que llevó al establecimiento a solicitarle la habitación y retener su equipaje como garantía para recuperar parte de los gastos asumidos.
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Habló de un robo del que fue víctima, pero que resultó siendo falso, por eso tras el análisis de la información remitida por las distintas autoridades, Migración Colombia determinó que la permanencia de la ciudadana extranjera representaba un riesgo para el orden público y la tranquilidad social, y ejecutó la medida de expulsión del territorio colombiano.
