El desplome constante de partes de edificaciones antiguas y en estado de abandono en la ciudad de Cartagena, en especial en el Centro Histórico, llevó a la Alcaldía Mayor a liderar brigadas intensivas para inspeccionar 40 inmuebles en riesgo.
El calcalde Dumek Turbay Paz conminó al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Control Urbano y a la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), a iniciar esos trabajos en los barrios Centro, San Diego y Getsemaní.
Estas entidades lideran un nuevo inventario que consta de 79 inmuebles que presentan una condición de riesgo de alguno de sus elementos o una condición que amenaza ruina, pero los 40 patrimoniales a inspeccionar inicialmente son los que en inventarios realizados en los años 2020 y 2021 aparecen en deterioro y se distribuyen así: 12 en Getsemaní, 16 en el Centro y 12 en San Diego.
La directora del IPCC, Lucy Espinosa, manifestó que “en aras de la prevención, programamos un seguimiento a dos inventarios construidos por el IPCC y la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, en los años 2020 y 2021, con la finalidad de comparar el estado del inmueble en la elaboración del inventario versus en la actualidad, y proceder con las acciones pertinentes. Los propietarios son los directos responsables del cuidado de sus edificaciones, por lo que los conminamos a que atiendan a la mayor brevedad cada notificación y que contribuyan no sólo en la salvaguarda del patrimonio cultural de nuestra ciudad, sino en la protección de vidas”.
En los recorridos técnicos las autoridades verifican el estado actual y la evolución de los procesos de deterioro de balcones, cornisas, molduras, cubiertas, pisos, ventanas, entre otros elementos que podrían generar afectaciones en el espacio público patrimonial de Cartagena y atentar contra la vida de ciudadanos y visitantes.
Ya notificaron a los propietarios, poseedores y locatarios de esos inmuebles para que efectúen las intervenciones necesarias para la recuperación del bien lo más pronto posible, exigiéndoles que presenten un cronograma de la intervención a realizar, sin perjuicio del proceso sancionatorio a que haya lugar por parte de la autoridad cultural competente.
