Por primera vez en siete años los compradores de los apartamentos del polémico edificio Aquarela, en sus torres 1 y 2, se reunieron con funcionarios de la Alcaldía de Cartagena para conocer la posición del Distrito frente al fallido proyecto inmobiliario.
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El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, Milton Pereira Blanco, y la secretaria General, María Patricia Porras, atendieron a los ciudadanos que celebraron este primer momento de escucha que siempre anhelaron.
Se reconocen como damnificados porque la constructora Promotora Calle 47 S.A.S no les ha reembolsado el dinero que ellos entregaron como cuota inicial de los apartamentos.
César Díaz Cueto, su abogado, indicó que la única respuesta que han recibido de la constructora es que 'su dinero está invertido en la edificación, al haberse cumplido los requisitos de desembolso, luego del punto de equilibrio'.
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La Alcaldía, a través de sus funcionarios, aseguró que se ha limitado a cumplir la orden de restitución de 619.59 m² de espacio público dada por el Inspector de Policía No 2 de la Casa de Justicia de Canapote, mediante Resolución No 001 del 9 de octubre de 2018, la cual se encuentra en firme, luego de haber sido confirmada, en su momento, por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, y 'como la constructora no lo hizo, la Alcaldía, en defensa, además de la declaratoria de Patrimonio Cultural e Histórico de la que goza Cartagena, ha asumido las labores de restitución del espacio público'.
La demolición de Aquarela se desarrollará en 6 meses, estará a cargo de la empresa Edurbe y tiene un costo de $11.128 millones, sobre los cuales el alcalde Dumek Turbay ha expresado que serán recuperados mediante un proceso de cobro coactivo a la constructora.
Acordaron otros encuentros y acercamientos con Corvivienda y el Ministerio de Vivienda para buscar posibles soluciones.
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