Después de ocho horas, de audiencia, el juez 12 con función de Control de Garantías avaló la imputación de cargos al exalcalde Manuel Vicente Duque; el exsecretario de Educación, Germán Sierra Anaya; la funcionaria de la Secretaría de Educación, Mayiris Gómez Ballestas; la representante legal del Consorcio Proescolar 2016, Sandra Mercado Santoya y David Camacho Benítez y a la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz Bravo.
Los seis implicados en el caso de las irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para Cartagena, en el año 2016, están desde hoy en calidad de imputados y deberán aportar pruebas a su defensa para demostrar su inocencia.
El alcalde Manolo Duque y su abogado, luego de las indagaciones y la recusación de la Fiscalía, pidieron plazo al Juez hasta el día lunes, para estudiar más a fondo el expediente en su contra. Al igual que David Reynaldo Camacho, y Gladys Amanda Santoyo, quienes tendrán la oportunidad de apelar a la decisión del togado el próximo lunes 10 de diciembre, cuando se reanude la audiencia, en horas de la tarde.
Por su parte el ex rector de la Universidad de Cartagena y ex secretario de educación Distrital German Sierra Anaya, no se allanó a los cargos, al igual que la supervisora de la contratación de la Alcaldía Marilys Ballestas, es decir que no aceptaron los delitos por los que los acusan, por lo cual según el juez no tendrían derecho a rebaja de la pena en caso de ser hallados culpables.
Delitos imputados
Según la Fiscalía los funcionarios habrían orquestado un plan para apoderarse de los recursos de la alimentación de los menores escolares y habrían incluso creado empresas para responder a la necesidad de urgencia manifiesta declarada por el Distrito, la misma que según el ente acusador nunca existió y que dio paso a la prórroga de los contratos irregulares en los que habrían incurrido los funcionarios que hoy están siendo juzgados. Por lo cual se les imputaron los siguientes delitos:
Manolo Duque Vázquez, le imputaron los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado, en calidad de coautor a título de dolo.
Al ex secretario del distrito Germán Sierra Anaya, a quien se le imputaron cargos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento privado y delitos en calidad de autor y a título de dolo.
David Camacho Benítez, quien según la Fiscalía es el dueño de las empresas que contrataban con el Distrito y fue llamado por el Fiscal el Zar de los alimentos de la Costa, a quien se le imputó cargos por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y en documento privado, y coautor a título de dolo de falsedad ideológica en documento privado.
Gladis Amanda Muñoz, a quien se le imputó los cargos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público en calidad de coautora interviniente a título de dolo para todos los delitos. Esta mujer, procedente de pasto, según la Fiscalía habría prestado el nombre de una Fundación para la que labora para que fuera usado para las contrataciones.
Sandra Mercado Santoyo, se le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en calidad de coautora e interviniente a título de dolo en todos los delitos y coautora en falsedad ideológica en documento privado. Según el ente acusador ella era la encargada de supervisar la legalidad de los contratos y según la Fiscalía ha sido pieza clave en la investigación ya que después de la diligencia de allanamiento realizada en su vivienda, se pudo encontrar suficiente material probatorio que comprobaría la sobrefacturación de los alimentos que supuestamente eran adquiridos.
Y finalmente a Mayiris Gómez Ballestas, a quien se le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado a favor de terceros.
