Cuando restan 57 días para que culmine el año, el balance para el sector de la construcción en Cartagena se torna polémico, cuestionado y con 'cimientos legales muy débiles', según coinciden las autoridades, para hacerle frente a los problemas que lo agobian.
Con un Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cartagena muy frágil y un Plan de Ordenamiento Territorial (POT)que no ha sido actualizado desde 2001, el camino está expedito para que se cometan muchas irregularidades.
En el balance se tendrá que incluir que en total fueron 26 las edificaciones que se construyeron con licencias falsas, según informó la Superintendencia de Notariado y Registro. También que un edificio colapsó en abril pasado en el barrio Blas de Lezo, lo que dejó 21 muertos y cuatro personas detenidas como presuntas responsables de estos hechos.
Cuando se pensaba que el panorama se aclaraba para el sector de la construcción, surge otra controversia que se convirtió en noticia nacional por la afectación al patrimonio de la Heroica. Se trata del polémico proyecto multifamiliar Aquarela, que se levanta en el sector de Torices, el cual comprende cuatro torres de 30 pisos, cada uno con 120 apartamentos.
Amparado en la ley
Aunque la edificación se construye en una zona distante del Castillo de San Felipe, el Ministerio de Cultura asegura que la construcción amenaza la visibilidad y el patrimonio la ciudad.
Por su parte, el curador Urbano No. 1, Ronald Llamas Bustos, aseguró que los permisos de la construcción son legales y que en su momento no existían los motivos para negar la licencia a este edificio. Según el curador, 'todo se hizo con el amparo en la ley'.
El curador advirtió que una serie de cambios en la reglamentación del área de influencia de estos monumentos, sumados al desactualizado POT de Cartagena, permitieron expedir esta licencia sin mayores inconvenientes.
'Actualmente en lo que se define como área de influencia de un monumento como ese, no hay licencias para edificios. Aquarela está fuera de esa área y eso se explicó en su momento al Concejo distrital y a la misma Alcaldía de la ciudad', dijo Llamas.
Los primeros permisos de estos proyectos se tramitaron en 2015, durante la administración de Dionisio Vélez. En ese momento, la secretaria de Planeación era Dolly González, mientras que en el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Corvivienda), entidad que autorizó el proyecto para ser Vivienda de Interés Social, VIS, estaba María Elena Vélez.
Según los documentos presentados por la firma constructora a EL HERALDO, la solicitud de licencia para la primera de las cinco torres fue otorgada el 28 de diciembre de 2015. La segunda obtuvo los permisos el 23 de septiembre de 2016, y las dos últimas autorizaciones se concedieron el 6 de julio de 2016. Todas se tramitaron ante el curador urbano número 1.
Unen esfuerzos
Pese a la legalidad que ampara al proyecto urbanístico, tanto el Ministerio de Cultura como la Procuraduría han unido sus esfuerzos para 'hallar una fisura en los permisos' y buscar así la suspensión de la obra.
El Ministerio Público solicitó como medida cautelar la suspensión de las resoluciones que otorgaron las licencias de construcción y modificaron el POT, así como la cesación inmediata de las obras de construcción.
El requerimiento por parte de la Procuraduría se hizo ante el Juez Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, y con la misma 'se pretenden proteger los derechos e intereses superiores de la Nación'. A esta solicitud se sumó la acción popular del Ministerio de Cultura, de la cual no se conoce una decisión aún.
En su más reciente visita a Cartagena, el procurador Fernando Carrillo precisó que el complejo Aquarela Multifamiliar se ha edificado violando las normas de conservación del Castillo de San Felipe y su armonización con el entorno paisajístico y cultural.
'Esperamos contar con el respaldo del poder judicial para que este camino nos dé certeza sobre lo que viene para adelante. Esto no es solamente detener las obras, sino buscar la demolición del edificio por decisión de la justicia que es muy importante', expresó de manera enfática el procurador.
Y mientras estas acciones antes mencionadas surten efecto, el pasado 2 de noviembre se realizó una mesa de trabajo con representantes de la Alcaldía de Cartagena, la Procuraduría, el Ministerio de Cultura y la Personería.
En dicha reunión se intentó establecer si hubo alguna entidad que falló en los procedimientos para expedir la licencia, y en ese caso, tomar las medidas pertinentes. 'Tenemos que estudiar con detenimiento la situación para ver si es posible hacer algo desde el punto de vista legal', explicó el personero William Matson Ospino, al término de la reunión.
El delegado del Ministerio Público manifestó que la licencia de construcción y los permisos del complejo urbanístico gozan de presunción de legalidad. Sin embargo, en el despacho del alcalde reposa un requerimiento por parte del personero para que la administración distrital selle definitivamente el controvertido complejo multifamiliar Aquarela. La sanción se impondría amparados en el artículo 135 del Código Nacional de Policía.
Una fuente le dijo a EL HERALDO que la obra sería suspendida a finales de este mes, una vez se cumplan todas las instancias de este proceso.
La misma fuente señaló que al curador Llamas se le pidió que anule las licencias de construcción que fueron expedidas para este proyecto, lo que sería interpretado como una autoincriminación. Es por esta razón que en una segunda instancia el Distrito asumiría el caso y tomaría la decisión de suspender la obra.
El concejo
Para el Concejo de Cartagena, una de las primeras entidades en poner el grito en el cielo cuando conoció los alcances del proyecto Aquarela, es clave también que se investigue si todos los compradores cumplen los requisitos para acceder a viviendas de interés social. Para ello, la corporación pidió a Corvivienda y a los órganos de control que con el apoyo del Fondo Nacional del Ahorro y las distintas entidades financieras, determinen si las personas que efectuaron crédito de vivienda para este caso, tienen las condiciones que se exigen para beneficiarse de este tipo de proyectos.
Los constructores
La firma constructora destacó que no han sido notificados de alguna acción legal y señalaron que cuentan con todos los permisos de ley.
Ante la suspensión temporal del proyecto, por espacio de tres días, precisaron que estos serán tenidos en cuenta y anunciaron que los inconvenientes serán superados para continuar con la ejecución de la obra.
En dialogo con EL HERALDO, el ingeniero Lucas Tamayo Giraldo, gerente de la obra, sostuvo que el proyecto avanza sin ningún contratiempo.
Precisó que toda la documentación y los permisos se encuentran en regla. Anunció que todo el proyecto declarado de vivienda de interés social, que en total son cinco torres de 180 apartamentos, ya se encuentra vendido y está por el orden de los $95 mil millones.
El ingeniero precisó que esta iniciativa fue licenciada en la curaduría urbana número uno y estos trámites y permisos se vienen tramitando desde 2015. 'Una licencia de construcción ejecutoriada es un derecho adquirido. Estamos cumpliendo y surtimos con todos los licenciamientos y los tiempos para la ejecución del proyecto', aseguró.
Los constructores anunciaron que al momento en que se genere alguna suspensión de la obra estarían en disposición de demostrar la legalidad de la obra con todos los documentos que se tienen en la mano.
