Un año y nueve meses duró la investigación que tiene hoy contra la pared al suspendido alcalde de esta ciudad Manuel Vicente Duque, a su primo–hermano, José Julián Vásquez, a la contralora distrital Nubia Fontalvo Hernández y al concejal por el partido conservador, Jorge Useche Correa.
Once personas de la Fiscalía habrían tenido la responsabilidad de una investigación que permitió conocer las entrañas de la corrupción administrativa que se gestó en Cartagena y que hoy tiene sumergida a la ciudad en un panorama de interinidad y de incertidumbre total.
EL HERALDO conoció que el interés por parte del fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, fue total en cuanto conoció del caso. Ocho personas se trasladaron desde la capital de la República hacia Cartagena para prestar la máxima colaboración en un trabajo que se concretó en solo tres semanas luego de un trabajo que había avanzado en esta capital.
Fueron constantes los viajes de la fiscal del caso a Bogotá a brindar informes de cómo avanzaba su trabajo de investigación. De igual forma, de la capital llegaron altos delegados del ente investigador que daban luces y un norte sobre este complejo tema.
Cuando todo se tenía listo, se buscó entonces un juez de control de garantías que fuera garante de este trabajo y expidiera las órdenes de captura contra las personas imputadas. El togado de Usiacuri, en el departamento del Atlántico, tendría esta responsabilidad. De 12 órdenes de captura que le fueron solicitadas por parte del ente investigador, solo se reconocieron cinco y se hicieron efectivas cuatro.
La razón fundamental habría sido entonces la irregular elección de la contralora distrital, Nubia Fontalvo, y los múltiples acuerdos y pactos que se dieron para que esta abogada accediera a uno de los cargos más importantes en un organismo de control. La cabeza visible de todo este proceso habría sido, según la Fiscalía, el primo hermano del suspendido alcalde, José Julián.
El costeñol
Tres mujeres del interior del país se dedicaron a las transliteraciones –escuchar un audio y transcribirlo– en este caso fueron 400 horas de conversaciones, donde la mayor dificultad para las funcionarias estuvo en el ‘costeñol’. Frases entrecortadas y términos como los ‘libros’, ‘man’, ‘papi’, ‘el viaje’, ‘la vuelta’ y otras palabras propias de la región Caribe, se convirtieron en el freno para el ritmo avanzado que llevaba hasta entonces la investigación, porque la jerga resultó extraña para las interioranas.
Se garantizó así el sigilo de un trabajo concienzudo y claro que intentaba demostrar con pruebas fehacientes cómo el cáncer de la corrupción carcomía las diferentes instancias y entidades de la administración distrital en cabeza, según la Fiscalía, de una persona que no tenía que hacer presencia en el despacho para ser reconocido como ‘jefe’.
El pie en el acelerador fue puesto para comienzos de este año, luego de que se conocieran los resultados de un operativo que ya había arrojado resultados como la operación ‘Cuello Blanco’.
Esta sería la primera de las fichas del rompecabezas que ha ido armando la Fiscalía en donde, con base en múltiples pruebas, se pretendió demostrar la responsabilidad de la delegada de la Registraduría Departamental, Patricia Jiménez Massa, en actos de corrupción electoral en Bolívar, donde además estarían involucrados el concejal por el partido conservador Jorge Useche Correa; Jorge Correa Rosales, tío del cabildante; Humberto Ceballos y el abogado Jorge Restrepo Name.
La Fiscalía adelantó entonces un trabajo en el que se evidenció toda una red de corrupción desde el organismo electoral para favorecer a unos candidatos tras, al parecer, el pago en efectivo de algunos favorecimientos con la justicia para beneficiar a líderes políticos.
La segunda fase
Varias de las llamadas interceptadas permitieron entonces cimentar la segunda fase de una operación en la que ya estaban en juego situaciones más comprometedoras como sería posiblemente el detrimento de los recursos de la administración distrital. Mientras se adelantaban las diligencias judiciales en el caso de la Registradora Jiménez, avanzaba entonces la ‘Operación Heroica I’. De igual manera como se viene trabajando en ‘Heroica II’ de la que se conoció vendrán más capturas y judicializaciones, como lo anunció en su momento el fiscal general de la Nación.
Y mientras todos estos procesos avanzan para conocer los intríngulis de la corrupción administrativa, EL HERALDO conoció que tres fiscales adelantan las investigaciones del caso del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, tragedia en la que murieron 21 obreros. En este último punto el fiscal Martínez ha sido enfático en que su mayor deseo es que se avance en este trabajo que permita develar la red de corrupción que existía en el sector de la construcción en esta capital y por el que hoy el alcalde Manuel Vicente Duque se encuentra suspendido por la Procuraduría General.
Parte del proceso de la investigación de la Fiscalía en las operaciones ‘Heroica I’ y ‘Heroica II’ pasarán a alimentar las labores que adelantan los tres investigadores que se han puesto al frente de un caso del que aún no se repone la ciudad y sobre el cual se exigen respuestas efectivas más allá de los cinco capturados. Tres de los cuales gozan del beneficio de casa por cárcel, entre ellos, el responsable de la construcción, Wilfran Quiroz.
Una investigación
El pasado viernes concluyeron las audiencias preliminares para Manuel Duque, su primo José Julián, la contralora Nubia Fontalvo y el concejal Jorge Useche. La labor de la Fiscalía permitió conocer la manera como se armó el entramado de la corrupción en actual administración distrital.
El ente investigador logró recaudar una evidencia tan sustancial en audios y con ellas se tocaron entonces estamentos como la alcaldía, el concejo distrital, la contraloría y entidades como la Procuraduría y el Tribunal Administrativo de Bolívar. Así las cosas, la ciudad se mantiene a la expectativa de lo que pueda suceder el próximo 26 de agosto, cuando se reanuden las audiencias y los abogados de la defensa con todo el acervo probatorio logren desmentir o no las pruebas y evidencias de la Fiscalía.
